El fallido proceso para la designación de una Defensora o Defensor del Pueblo demostró la dificultad para lograr una mayoría especial en la Asamblea Legislativa. Dado este deplorable antecedente, parece improbable alcanzar dos tercios de votos para un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. Se dejan así sin juzgamiento hechos como las masacres de Sacaba y Senkata.
Por mandato constitucional, la autorización de un juicio de responsabilidades contra un presidente o vicepresidente de Estado, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo, requiere la aprobación de dos tercios de las y los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no se logra esa mayoría en la primera votación, se procede a una segunda votación en el mismo periodo legislativo. Si tampoco hay mayoría, el proceso de juzgamiento queda rechazado y se procede al archivo de obrados.
En las últimas semanas hemos asistido al espectáculo de cuatro votaciones en las que ningún postulante preseleccionado obtuvo los dos tercios requeridos para su designación en la Defensoría del Pueblo. El proceso quedó a medio camino. ¿Pasaría lo mismo en el caso de llevarse a votación la autorización legislativa de un juicio de responsabilidades contra Áñez, expresidenta del régimen provisorio? Debe recordarse que están pendientes al menos cuatro proposiciones acusatorias en su contra.
En los primeros meses de gestión del presidente electo Luis Arce, la mayoría legislativa del MAS-IPSP aceleró la resolución de probables juicios de responsabilidades que estaban pendientes desde hace casi dos décadas. El propósito era allanar el camino para avanzar en un juicio de responsabilidades contra Áñez. Pronto se paralizó el recorrido ante la constatación de que los opositores no viabilizarían la autorización requerida. Era evidente que no habría los dos tercios por el veto de la minoría.
El bloqueo anunciado por Comunidad Ciudadana y Creemos al juzgamiento de Áñez por diferentes hechos, en especial las masacres de Sacaba y Senkata con las cuales se estrenó en la presidencia luego de su autoproclamación, derivó en que el oficialismo recurriera de manera forzada a la vía ordinaria para enjuiciar, y quizás pronto sentenciar, a la exsenadora Áñez. Ahí están los casos Golpe de Estado I y II. Como sea, a la fecha sigue pendiente la decisión sobre un juicio de responsabilidades.
Como parte de su estrategia para bloquear una sentencia en la justicia ordinaria, Áñez solicitó a sus socios políticos en la Asamblea que viabilicen los dos tercios. Tanto Camacho como Mesa aceptaron con condiciones. Pero ahora al MAS-IPSP ya no le interesa esa vía para el juzgamiento de la expresidenta. Significaría no solo reconocer su mandato, aunque tenga origen inconstitucional, sino depender de la minoría. Vista la experiencia de la Defensoría es claro que esos dos tercios están cada vez más lejanos.
