El juez segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Javier Vargas, determinó la noche de este domingo la detención preventiva del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro.
La decisión fue asumida en una larga audiencia cautelar llevada adelante después de que el Ministerio Público imputara al dirigente universitario de 52 años de edad por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
Mendoza fue aprehendido el sábado en Sacaba, Cochabamba, y posteriormente fue trasladado, vía terrestre, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche.
El cuestionado dirigente acumuló en los últimos días seis denuncias en su contra, pero el Ministerio Público decidió unificadas en un solo proceso.
El sábado, la Fiscalía General del Estado informó que el universitario fue aprehendido “por, presuntamente, haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo”.
Pues, el dirigente “se habría beneficiado de manera irregular con una resolución administrativa del CEUB, del 14 de diciembre de 2018, que le habría permitido percibir un sueldo de 21.870 bolivianos mensuales desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, con el cargo de miembro del Presídium XIII del Congreso Nacional Universitario – CNU, cuando el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana aplicable al CEUB no establece dentro de su estructura organizacional la existencia de un cargo remunerado como trabajador del Presídium del Congreso Nacional de las universidades”, explicó entonces William Alave, fiscal departamental de La Paz.
Alave agregó que ese estatuto establece que para ser elegido miembro del Comité de la Universidad Boliviana se debe cumplir por lo menos con el requisito del grado académico de licenciatura.
No obstante, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General, el denunciado carece de ese requisito debido a que está registrado como estudiante universitario desde la gestión 1989.
“Por otra parte, se presume que el sindicado habría suscrito, en enero de 2022, un contrato con la Empresa Jireh Turismo respaldándose en la Resolución No. 4/2018; sin embargo, la misma no dispone que (Mendoza) sea el representante legal de CEUB, por ello no tenía la potestad para suscribir este tipo de contratos, más aún cuando en la mencionada resolución tenía una duración de 30 días”, cita otro párrafo de la nota informativa del Ministerio Público.
