El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el peruano Diego García-Sayan, lamentó, en el informe final que entregó sobre la situación de la justicia en Bolivia, que a más de dos años de los hechos violentos de noviembre de 2019 las víctimas de Senkata, Sacaba y zona Sur (La Paz) sigan esperando justicia. En este marco, exige celeridad.
“Durante su misión, el Relator Especial se reunió con las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y Zona Sur para escuchar sus testimonios y lamentó profundamente que hayan pasado más de dos años esperando justicia”, establece parte del informe presentado.
Según García Sayan, al drama de la impunidad se suma la falta de resultados efectivos frente “a graves violaciones de derechos humanos».
“Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas. Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes18, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales”.
En el informe el Relator de la ONU recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que evaluó la crisis sociopolítica de 2019-2020 en su informe reflejó obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
“Por ejemplo, presiones de operadores de justicia para que las víctimas aporten los medios probatorios para la investigación y denegación de acceso al proceso y a las diligencias del caso. La Defensoría del Pueblo informó en 2020 que había constatado una falta de investigación o una investigación deficiente por parte del Ministerio Público de las violaciones ocurridas entre noviembre y diciembre de 2019”.
Como aspecto positivo, García Sayan destacó que la Procuraduría General promueve una legislación que permita “al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata y Zona Sur.
“Tomó nota también de la creación de una Mesa Interinstitucional para responder a las víctimas con elapoyo de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) en el Estado Plurinacional de Bolivia”, señaló en su informe.
Entre sus recomendaciones sobre lo ocurrido entre 2019-2020, sostiene que “el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Debe garantizarse la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar”.
