El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que la condena de la expresidenta Jeanine Áñez, por el caso Golpe de Estado II, puede llegar incluso a 15 años de prisión.
“De acuerdo a la acusación, ha pedido la pena máxima el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría, y la pena máxima puede llegar, incluso, por concurso real, que son temas técnicos, alrededor de 15 años”, dijo la autoridad en una entrevista con La Razón Radio.
Sin embargo, recordó que esta decisión es un tema del Tribunal de Sentencia, que asumirá una determinación a la conclusión del juicio oral contra Áñez y otras ocho personas.
Ahora “el Tribunal también podría definir que la pena es la mínima y el rango de sanción podría ir entre los 4 y 15 años. Ese tema hay que dejárselo a los miembros del Tribunal, hay que preservar su independencia en esta decisión y lograr que la decisión que se tome finalmente esté sustentada en pruebas, evidencias, documentos y no en chicanas”, enfatizó.
En noviembre de 2021, se conoció que la Fiscalía pidió la pena máxima de 10 años de cárcel contra Áñez.
En este proceso, la exmandataria transitoria, que está recluida de manera preventiva desde marzo de 2021, es acusa por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ese hecho es calificado como un golpe de Estado y es investigado en dos procesos: caso Golpe de Estado I y caso Golpe de Estado II. El segundo caso ya se encuentra en juicio oral, que no podía concluir en una sentencia por una acción de inconstitucionalidad concreta presentada por la defensa de Áñez.
No obstante, el jueves se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó dicha acción. Entonces, “habiendo concluido el obstáculo legal que impedía la continuidad, el juicio tiene que ser reinstalado (una vez que sean) notificadas (…) todas las partes”, agregó Lima.
