Con el fin de garantizar que la concejala del municipio de San Pedro de Curahuara Lourdes Vásquez siga con su trabajo de fiscalización, el Ministerio de Justicia activó una “protección especial” porque la autoridad edil es víctima de acoso y violencia política desde 2021.
En entrevista con La Razón Radio, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, contó que la edil incluso fue obligada a sesionar fuera de las instalaciones del Concejo Municipal en reiteradas ocasiones y que en asambleas, le sugieren renunciar a su cargo. La presión, persecución, hostigamiento, amenaza, agresión física y psicológica son acciones que delatan el acoso y violencia política hacia las mujeres que ejercen un cargo público.
En rueda de prensa desde la plaza Murillo, Vásquez denunció que incluso fue golpeada y que teme por su vida. “Había sido delito para el alcalde fiscalizar su gestión, diciendo que es contra del pueblo; a toda costa exige al pueblo que yo dé un paso atrás”, afirmó la concejala en febrero.
Ahora goza del mecanismo de prevención y atención inmediata, establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 2935 Reglamentario a la ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política Hacia las Mujeres. Para su cumplimiento, participan diferentes entidades del Estado, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Defensoría del Pueblo.
“Tiene una medida de protección especial desde el Ministerio de Gobierno y ante el Ministerio Público se está solicitando medidas de protección para que puedan resguardar su vida”, detalló Huacani. Dijo que hay dos mujeres autoridades con similar protección y que analizan la situación de otras dos concejalas del oriente.
Explicó que en muchas regiones del país se opta por la gestión compartida, es decir que tras cumplir un cierto lapso de trabajo, la autoridad titular renuncia y asume el cargo el suplente. “No está en la normativa”, insistió la viceministra a tiempo de aclarar que el municipio es el más “afectado” con este tipo de medidas.
La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) registró entre enero de 2015 y marzo de 2022, al menos 670 casos de acoso y violencia política hacia mujeres autoridades electas.
“Es importante exhortar a las autoridades originarias a no caer en estos casos de acoso y violencia política, no se puede presionar a una autoridad elegida democráticamente a renunciar a su cargo y mucho menos obstaculizar sus acciones fiscalizadoras”, remarcó Huacani.
