Luego de las movilizaciones contra el Proyecto de Ley (PL) 035, el jefe de Control Fiscal de Sistema de Pensiones, Iván Quisbert, afirmó que el documento garantiza la “continuidad laboral” de los trabajadores jubilados mayores de 58 años.
En entrevista con La Razón Radio, explicó que la ley no consigna la “jubilación forzosa” de los trabajadores. Aclaró que los jubilados podrán seguir trabajando si así lo deciden y, además, contarán con un ingreso extra por concepto de su jubilación.
“No significa que estemos coartando el derecho al trabajo”, afirmó.
Tras conocerse el PL 035, que modifica los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, el sector salud activó un paro de 48 horas y anunció una masiva movilización para este jueves.
El funcionario lamentó las decisiones del sector salud y, en su criterio, las medidas de presión responden a intereses políticos. “No entendemos por qué se oponen; las razones pueden ser políticas”.
Contó que, antes de presentar el proyecto de ley, el Gobierno se reunió con médicos, maestros, policías, fabriles, jubilados y mineros. “Fue un trabajo consensuado con distintitos sectores laborales que están aglutinados a la Central Obrera Boliviana (COB)”.
Incluso, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, aseguró que el Proyecto de Ley 035 fue socializado más de 27 ocasiones con los sectores.
A su vez, Quisbert informó que, actualmente, el Gobierno registró 220.000 jubilados, de los cuales, por lo menos, 18.000 continúan en sus fuentes laborales. “No es ningún impedimento ser jubilado y desarrollar actividades”, insistió.
El PL 035 fue aprobado por la Comisión de Planificación, Política y Finanzas de la Cámara de Diputados y se espera su tratamiento en el pleno camaral. El documento prevé un incremento de hasta Bs 1.000 para muchos trabajadores que van a gozar de este beneficio.
En la misma norma, se estableció la realización de un examen médico voluntario a los 65 años para que los trabajadores sepan su situación de salud y, luego, analizar la posibilidad de seguir trabajando.
Esta disposición también fue rechazada por algunos sectores laborales, debido a que consideran que serán retirados luego de someterse al proceso.
Quisbert aclaró que el trabajador primero deberá requerir voluntariamente el examen que será realizado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), centro especializado en la salud de trabajadores.
“El INSO no tiene la competencia de decirle al trabajador si debe dejar de trabajar”, explicó.
Reiteró que luego del examen, independientemente del resultado, el trabajador tomará la decisión de permanecer o no en su trabajo.
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