La Fiscalía General del Estado anunció que la comisión de fiscales de La Paz emitió imputación formal contra Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en el caso de traslado de armamento no letal desde Ecuador en 2019, por los delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales, e incumplimiento de deberes.
“En este caso, la comisión de fiscales emitió la ampliación de imputación formal en contra de Roxana Lizárraga, debido a que se ha identificado que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que sostenía juntamente con Arturo Murillo, Luis Fernando López y la señora Jeanine Añez, en Palacio de Gobierno, hubiera tomado contacto con personal policial de la República del Ecuador en el que hubiera acordado que ese país pueda facilitar armamentos, es decir equipos antimotín, gases y demás explosivos que fueron internarlos a nuestro país de manera irregular”, explicó el secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe.
Añadió que el 25 de febrero se citó mediante edicto a la exautoridad, quien se encuentra en Estados Unidos. Ahora se tramita su declaratoria en rebeldía y se habilitarán los canales correspondientes para su captura internacional. Quispe señaló que los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
El Ministerio Público emitió la imputación formal al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia a La Paz, a quien se solicita la aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva en contra de Lizárraga, durante seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Otros imputados son los exministros Murillo y López, quienes son prófugos de la Justicia. “Queremos ser enfáticos que el Ministerio Público en ningún momento actúa políticamente, no realiza persecuciones políticas y reiteramos el compromiso de defender los intereses de la sociedad”, subrayó Quispe.
