Tal como lo prometió en campaña, el gobierno de Javier Milei reabrió el debate sobre la última dictadura en Argentina y el papel de las fuerzas armadas. Al cuestionar el número de desaparecidos y proponer que los militares actúen en la seguridad interna del país.
En un acto el martes con veteranos de la guerra de Malvinas que Argentina perdió ante el Reino Unido en 1982, el presidente ultraderechista culpó a la política de «hostigar y humillar» a los militares. Todo por lo ocurrido durante la dictadura tras el retorno de la democracia un año más tarde, y prometió limpiar sus nombres.
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Dictadura
El gobierno de Milei también divulgó recientemente en el aniversario del último golpe de Estado de 1976 un video que cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Y que se consensuó en su momento por organizaciones de derechos humanos.
Además, anunció el mes pasado la intención de reformar una ley para permitir que las fuerzas armadas intervengan en operaciones destinadas a restablecer la seguridad en asuntos internos.
Esta medida apunta a combatir el «narcoterrorismo» que azota Rosario. Se trata de una ciudad 300 km al norte de Buenos Aires que ha sido escenario de impactantes hechos de violencia por parte de bandas criminales y mediáticas respuestas de las fuerzas de seguridad.
‘Narcos en chancletas’
En Argentina, desde 1991, el ejército solo puede proporcionar equipamiento y apoyo técnico a la policía y demás fuerzas de seguridad, sin intervenir directamente.
La idea de que los militares custodien la seguridad interna despierta ecos dolorosos del pasado, en momentos en que el gobierno reabre la llaga de lo ocurrido en la década de 1970. Marcada por miles de desapariciones, exilios y ejecuciones en centros clandestinos.
Los propios militares se sienten incómodos con la idea de ocuparse del orden interno. Así como de grandes sectores de la sociedad -de la derecha a la izquierda- rechazan esta iniciativa.
Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana a ciertos sectores cuestionados de las instituciones militares, se mostró en contra. «La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles», afirmó en una entrevista al canal TN.
«En los años 1970 se combatió al terrorismo», dijo, al referirse a grupos guerrilleros. «¿Y dónde están los que lo combatieron? Presos», continuó Villarruel. Que reivindica la «teoría de los dos demonios». Según la cual los movimientos clandestinos que enfrentaron a los militares en aquel entonces también deben ser llevados ante la justicia.
En defensa del uso de las fuerzas armadas para combatir al llamado «narcoterrorismo», la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comentó que «el país tiene que poder salir de sus heridas y avanzar hacia el futuro». «Las fuerzas armadas hoy son parte integral de nuestra democracia», señaló.
Para algunos expertos, hay una cuestión de proporcionalidad. Ya que según ellos en el caso de Rosario la delincuencia es cometida principalmente por micropandillas todavía precarias.
«Hay que preguntarse si el nivel de violencia narco en Rosario amerita el uso de las fuerzas armadas. Acá estamos hablando de narcotraficantes en chancletas», ironizó Jorge Luis Vidal, especialista en gestión de la seguridad pública y lucha contra el narcotráfico.
Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal, fue más tajante.»Si las fuerzas armadas intervienen en conflictos de seguridad y fracasan, estos dispositivos criminales le perderán definitivamente el respeto al Estado. Por esto la respuesta debe ser gradual y con fuerzas de seguridad».
‘Una lista abierta’
El reposicionamiento de las fuerzas armadas ante la opinión pública incluye la revisión de su accionar durante la dictadura y el número de víctimas que dejó.
Organismos de derechos humanos y parte del espectro político, de la centro-derecha a la izquierda, afirman que fueron 30.000. Pero otros sectores hasta hace poco marginales aseguran que la cifra verdadera ronda los 8.000.
Milei asegura que la dictadura dejó 8.753 desaparecidos. Un número más cercano a los 8.961 que registró el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) publicado en 1984.
La Conadep también aclaró entonces que se trataba de «una lista abierta», que fue levemente modificada en 2015.
«No es una discusión nueva, esto ha pasado en otros períodos políticos. No con interés de conocer la verdad sino con interés de acusar a las víctimas de un déficit de información que en todo caso es responsabilidad del Estado. Y es parte de la victimización», explicó a la AFP Marcela Perelman, directora del equipo de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El corto documental divulgado por el gobierno de Milei el 24 de marzo, en el 48 aniversario del golpe, negaba la cifra de 30.000 y llamaba a contar «la historia completa».
Ese mismo día, decenas de miles de personas manifestaron en todo el país con carteles que rezaban «Son 30.000», en las movilizaciones más multitudinarias en años en conmemoración del golpe.
