El gobierno del entonces presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, envió más de 8.400 municiones a Bolivia solicitados el 15 de noviembre de 2019 por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez para reprimir a los sectores movilizados tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
El fiscal anticorrupción, Junior Flores, informó que el envío de estos agentes químicos (proyectiles y granadas) fue de manera inmediata. Ya que la solicitud se la hizo el 15 de noviembre y “en menos de 24 horas” llegaron hasta el aeropuerto internacional de El Alto.
“Desde el momento que los agentes químicos llegan a el Alto se tiene ya un elemento que se ha podido establecer, que han llegado más de 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros (mm), se tiene una internación de más de 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm, 500 granadas de sonido y destello para exteriores”, dijo Flores en entrevista con La Razón Radio.
De esa cantidad de granadas y proyectiles que llegó al país, el 50% fue entregado a las Fuerzas Armadas y el restante 50% a la Policía Boliviana para su uso ante los conflictos sociales de ese entonces.
El Ministerio Público recaba información para establecer si ese elementos antimotines fueron utilizados durante los conflictos de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) y quiénes habría ordenado la distribución a las diferentes reparticiones militares y policiales.
Flores añadió que, en el caso de las FFAA, no se habría utilizado las granadas de sonido y destello debido al daño que ocasionaría a las personas movilizadas, en tanto, las fuerzas del orden si habrían usado esos elementos contra los sectores movilizados.
“Cuando se ha hecho el registro al Estado Mayor (de las FFAA), al material bélico no se ha utilizado, estaba en su integridad las granadas de sonido y destello para el exterior porque en ese momento los militares han establecido que el uso de esas granadas tenía efectos nocivos al ser lanzadas, en cambio en la Policía estos ya fueron utilizados”, explicó.
Por el trasladado de estos elementos antimotines desde Ecuador, el Ministerio Público imputó en noviembre del año pasado al coronel William E.F.E y al coronel del Ejército Héctor P.O. por el delito de tráfico de armas.
Flores indicó que estas personas ya cumplen una detención preventiva.
Además, la pasada semana se amplió la imputación contra la exministra de Comunicaciones, Roxana Lizarraga, por los delitos de tráfico de armas, tenencia y portación ilícita e incumplimiento de deberes.
Para notificar a Lizarraga, la Fiscalía emitirá los edictos correspondientes para que se presente a la audiencia de medidas cautelares en su contra fijada para el 23 de marzo en horas de la tarde, caso contrario, la autoridad jurisdiccional deberá activar otros mecanismos, como el solicitar a la Interpol la aprehensión de la exministra.
“El trámite que corresponde por parte de la autoridad jurisdiccional, es notificarle mediante edictos tomando en cuenta que esta señora no se encuentra en territorio nacional y pueda activarse luego las acciones procesales internacionales ya sea con una captura internacional mediante Interpol, pero previo a eso se tiene que definir su situación jurídica”, dijo Flores.
Dentro de este caso, también se citará a los ex ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López. También se convocará a la expresidenta Jeanine Áñez.
