El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, negó este martes actos de corrupción y denunció una campaña opositora para sacarlo del poder al hablar ante el Congreso, que lo someterá a un juicio político de destitución el 28 de marzo.
Castillo se mostró también conciliador en su discurso de 85 minutos y exhortó a la oposición derechista a buscar consensos para acabar con el clima de polarización que caracteriza la relación entre el Ejecutivo y Legislativo peruanos desde hace cinco años.
«Mi Gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos, se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción, situación que rechazo enérgicamente», aseguró el mandatario.
«Existe un sistemático trabajo para cuestionar la legitimidad de la Presidencia y obstruir las labores del Ejecutivo, con el único propósito de vacar al presidente o de encontrar mecanismos para recortar su mandato», subrayó Castillo.
Recordó que desde que ganó las elecciones, en junio de 2021, sus adversarios derechistas se negaron a aceptar su victoria en las urnas, alegando fraude a pesar de que Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea descartaron irregularidades.
«Perú vive una crisis institucional sin precedentes», insistió antes de tender una rama de olivo a sus detractores.
«Busquemos puntos de coincidencia y consenso», dijo ante el plenario, que integran 130 congresistas.
El Congreso, dominado por la oposición derechista, puso contra las cuerdas a Castillo el lunes cuando aprobó debatir un pedido de destitución, similar al que condujo a las caídas de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.
La decisión de llevarlo a un juicio político relámpago por supuesta «incapacidad moral» fue aprobada por 76 votos, 41 en contra y una abstención. Para que sea destituido, se necesitan 87 votos en la sesión convocada para el 28 de marzo.
Se trata de la segunda «moción de vacancia» contra Castillo en los siete meses y medio que lleva en el poder. En diciembre, el Congreso desestimó la primera.
Si es destituido, asumiría en su lugar la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte.
Según la oposición, el presidente es salpicado por la presunta corrupción de su entorno e incurrió en «traición a la patria» por declararse abierto a un referéndum para decidir una salida al mar a la vecina Bolivia.
La desaprobación del mandatario cayó en marzo a 66%, tres puntos menos que en febrero, cuando alcanzó su mayor nivel (69%), pero aún más desprestigiado está el Congreso, que acumula un rechazo de 70%, según sondeo de Ipsos.
El choque de poderes en Perú volvió a trascender fronteras y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) hizo un llamado a respetar la «voluntad popular».
