El ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, líderes de la oposición, a permitir justicia para las víctimas de las masacres de 2019, en alusión al intento de juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez, entonces mandataria transitoria.
Quiero hacerles la “exhortación” para “que puedan otorgar a las víctimas el derecho a la justicia”, dijo el funcionario en el acto de la firma del plan y la instalación de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Cancillería de Bolivia suscribiendo un documento para tal efecto.
“No hemos tenido éxito”, se quejó Lima en relación a un frustrado acuerdo político en la Asamblea Legislativa para la aprobación de una proposición acusatoria contra Áñez, en cuyo régimen fueron perpetradas las masacres de Sacaba y Senkata, con el saldo trágico de una veintena de fallecidos a bala producto de la represión policial y militar, respectivamente el 15 y de noviembre de 2019.
Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, cuyos líderes legitimaron la presidencia de Áñez, se resisten a apoyar un juicio de responsabilidades contra la exsenadora, y lo condicionan a una eventual reforma judicial previa.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) requiere de dos tercios de votos, que no los tiene, para cumplir ese propósito.
Sobre la necesidad de una reforma judicial, en el mismo acto, el canciller Rogelio Mayta, consideró que el “reto grande y complejo” del Estado es instaurar justicia para las víctimas bajo una institucionalidad judicial que tenga “legitimidad”. Sin embargo, advirtió que “no puede construirse (una justicia) en base a la transgresión de los derechos humanos”.
Al respecto, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, consideró que es necesario “sanar las heridas que dejaron (los conflictos de) 2019” y para que “no se repitan los hechos de violencia violación de derechos humanos”.
Destacó el apoyo de Bolivia, las víctimas y la sociedad civil del país en la instalación de la mesa de seguimiento y la firma de un plan de trabajo, que, en su criterio, “recoge preocupaciones de las víctimas y los retos y desafíos de Bolivia para cumplir los compromisos del GIE”.
Entretanto, el comisionado de la CIDH para Bolivia, Joel Hernández, dijo que la mesa técnica —que trabajará dos años— implicará un “punto de encuentro entre el Estado, las victimas y la sociedad civil” para la reparación de daños a los derechos humanos, que, en su criterio, en 2019 alcanzaron “dimensiones raciales de género”.
Recordó que el GIEI precisamente recomendó la instalación de ese mecanismo.
El 17 de agosto de 2019, el GIEI divulgó su informe relativo a sus investigaciones sobre la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, desatada tras las elecciones consideradas fraudulentas y seguida en medio de la renuncia del presidente Evo Morales y la proclamación de Áñez.
Al menos 37 personas murieron en las refriegas, todas a bala. De esas muertes, las masacres de Sacaba y Senkata resaltaron debido a su impacto. El 14 de noviembre de ese año, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078, que liberaba de eventuales responsabilidades penales a miembros de las Fuerzas Armadas.
