En ambientes de la Iglesia 25 de Julio, los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata recibieron al comisionado relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández. Hernández explicó que llegó a Bolivia para escuchar a las víctimas y de ser necesario “servir de puente con las autoridades” para la atención de sus demandas.
Vestidas de negro, símbolo de luto, los heridos y familiares de las víctimas de la masacre de Senkata de 2019 hicieron conocer al comisionado sus preocupaciones respecto al nivel de cumplimiento de sus demandas. Llevaron epitafios de los 10 muertos por impacto de bala en esa jornada del 19 de noviembre de 2019.
“En la medida que podamos tener este contacto directo con las víctimas, podemos entender sus demandas y podemos servir de puente con las autoridades. No hay que perder de vista que son las autoridades competentes de Bolivia las que llevarán a cabo el cumplimiento de las 36 recomendaciones”, explicó el comisionado en la Iglesia 25 de Julio.
La Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum y Hernández firmaron con el canciller Rogelio Mayta un acuerdo de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la finalización de la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 que acabó con la dimisión del expresidente Evo Morales.
Harán el seguimiento por al menos dos años. “Tenemos previsto mínimo tres visitas al año, regresaremos a La Paz, pero también saldremos (a otras zonas donde hubo conflicto)”, explicó.
Tras la dimisión de Morales, que fue acorralado por denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia, tomó el poder Jeanine Áñez el 12 de noviembre de 2019. Ahora está encarcelada y a puertas de un juicio por tomar el control del Senado, que luego le permitió llegar al poder, sin cumplir las normas y sin quórum legislativo.
También es acusada en el caso Golpe de Estado I que hace referencia a los hechos que llevaron a la dimisión de Morales. El 15 y 19 se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata bajo el amparo de un decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal por lo que pudiera pasar en los operativos de “restablecimiento del orden”.
“Hemos tenido una reunión de aproximadamente dos horas con las asociaciones de víctimas y las víctimas para conocer de primer mano cuáles son sus demandas de justicia por la violación de sus derechos humanos”, explicó.
