El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz suspendió este lunes la continuidad de la audiencia del juicio oral en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y otros ocho procesados, por el denominado caso Golpe de Estado II, hasta las 09.00 del próximo 4 de abril.
“El juicio ha iniciado el día de hoy, lo que hubo es una suspensión de la audiencia porque no se habría cumplido con los procedimientos de declaratoria de rebeldía (de algunos de los involucrados)”, dijo Luis Guillén, uno de los abogados de Áñez.
La audiencia virtual de este lunes, al igual que la realizada el pasado 10 de febrero, cuando inicialmente se tenía que abrir el juicio oral, también presentó una serie de dificultades, principalmente de comunicación, por lo que la defensa de Áñez insiste que debería ser presencial.
Pero, “lamentablemente, (para el 4 de abril), pese a que ya van dos oportunidades en que este juicio no puede llevarse adecuadamente, el Tribunal decidió permanecer en su decisión de llevar el juicio de forma virtual”, agregó Guillén en un contacto con Unitel.
Mientras, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de un comunicado, aseguró que “los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados, reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones”.
Sin embargo, “pese a esa actitud de la defensa que busca bloquear la administración de la justicia, el Tribunal de este caso emitió resolución de declaratoria en rebeldía de Williams Kaliman, Vladimir Yuri Calderón, Elmer Flores Toranzo y Carlos Orellana, que serán patrocinados por abogados del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep)”, agregó el Ministerio de Justicia en el documento.
Asimismo, el Gobierno exhortó a los diferentes actores vinculados a la parte acusada a enmarcarse en el debido proceso “con relación al derecho a la defensa y en compatibilidad con el derecho del pueblo boliviano a una decisión justa, transparente y oportuna por memoria, verdad y justicia”.
Pues, según el Ministerio, la interrupción de un juicio por razones injustificadas se constituye en delito de retardación de justicia que debe ser evitado por las partes involucradas en el caso.
Entretanto, Áñez sufrió un nuevo problema de salud en la audiencia y fue atendida por el personal médico del penal de Miraflores, donde cumple detención preventiva.
Según información difundida en su cuenta en Twitter, “durante una hora, la expresidenta estuvo presente vía virtual desde el penal (de Miraflores) escuchando a la Procuraduría instruyendo al Tribunal cómo debía llevar el proceso ilegal (y luego) tuvo una crisis verificada por personal médico in situ”.
Áñez y otros ocho procesados son acusados por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes debido a los supuestos actos irregulares cometidos en su proclamación como Jefa del Estado en la crisis de 2019.
