Las investigaciones identificaron hasta el momento a dos abogadas como las que “reclutaban” a personas con detención preventiva y condenas ejecutoriadas para beneficiarlas con la libertad no solo a través del ahora exjuez Rafael Alcón. Se trata de las abogadas Carmen R.S.M. y Marlene P. H., informó el fiscal Johan Muñoz.
Ambos trabajaron en juzgados como pasantes y auxiliares, pero después de graduarse como abogadas “han empezado –informó- a realizar solicitudes de extramuro y detención domiciliaria de personas con sentencias condenatorias que no tenían ese derecho por ser delitos graves, asesinato, violaciones”.
Justamente Marlene P. H. era abogada titular de Richard Choque Flores, un sentenciado por violar y matar a una menor a 30 años de cárcel sin derecho a indulto que fue beneficiado con libertad en 2019 con el argumento de problemas de salud y buen comportamiento. El propio Choque reveló en su declaración fiscal que su abogada cobró $us 3.500 y un whisky por su libertad.
Alcón viabilizó la salida del sentenciado, quien en libertad cometió otros dos feminicidio y mató a su primo. En la estructura delictiva estaba el médico Freddy T., quien certificó que Choque tenía males que debían ser tratados fuera de la cárcel, según las pesquisas.
“Se tiene acreditado que, por ahora, había dos abogadas que captaban personas que se encontraban con detenciones preventivas y sentencias ejecutoriadas, las cuales solicitaban, no solamente, al juez que se encuentra detenido, salidas en beneficios de personas que tenían sentencias condenatorias”, informó Muñoz.
Otro caso en el que aparece el nombre de Alcón y el médico Freddy T. es el de Lionel Cortez Paco, sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la violación y muerte de una menor. Como ocurrió con Choque, se justificó la libertad con problemas de salud y buen comportamiento en la cárcel.
Ambas abogadas fueron detenidas y son procesadas. Alcón y el médico están en la cárcel, junto a Raúl G., actual fiscal y exsecretario del juzgado del exjuez, y la trabajadora social Jessica Ch., quien también trabajó en el juzgado de Alcón. También están en la cárcel la madre y hermana de Choque.
“Evidentemente, existía un consorcio de jueces, fiscales, abogados y hasta policías, posiblemente. (…) Carmen R. S. M., y Marlene P. H. han empezado a realizar solicitudes de detención domiciliaria de personas que tenían sentencias condenatorias que no tenían derecho a indulto por ser delitos graves”, sostuvo Muñoz.
La investigación continúa para identificar a beneficiarios e involucrados en este hecho que volvió a poner en tela de juicio la crítica imagen de la Justicia.
