Sin derecho a indulto significa, en términos sencillos, sin perdón. Las leyes bolivianas establecen que la condena por feminicidio es de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Richard Choque, feminicida y violador serial, fue liberado del penal y fue favorecido con la detención domiciliaria. Asesinó a varias mujeres y uno de esos asesinatos derivó en Sentencia Ejecutoriada con 30 años de prisión, sin derecho a indulto. Es intencional la reiteración de “sin derecho a indulto”. Pues bien, bajo el favor de contubernios de consorcios de jueces, fiscales y abogados corruptos Choque salió de prisión para vivir en su casa, donde claramente tenía todas las condiciones para seguir arrebatando vidas.
Esta historia escalofriante se convirtió en el epicentro de un movimiento sísmico en la sociedad, caracterizado principalmente por la indignación y la rabia de las mujeres. No se trata pues, de una historia nova, la cual indigna por la impronta de lo nunca antes visto. De hecho, este procedimiento corrupto se ha convertido casi en el modus operandi de rigor que aplican los consorcios de jueces, fiscales y abogados — plus policía— para liberar feminicidas.
En Bolivia el sistema judicial, el sistema penitenciario y la criminalística no han sido capaces de llegar al presente y no terminan de acomodarse a la figura de Feminicidio. Si bien el andamiaje legal erigido para combatir y eliminar las violencias machistas es de última generación y, de hecho, es feminista, no alcanza para modificar la realidad excepto en casos muy puntuales. En esta materia, las disposiciones mandadas por ley no se cumplen por los operadores de la justicia.
Puntualicemos brevemente. La Policía y los funcionarios municipales no han aprendido a tomar denuncias de mujeres víctimas de violencias machistas. Siguen revictimizando, intimidando y hasta responsabilizando a las propias mujeres denunciantes cuando éstas se hacen presentes en las comisarías o SLIMs. No sino en casos contados, han sido incapaces de imponer medidas de protección a las mujeres víctimas. Prueba de todo esto es que casi una generalidad de los feminicidas fueron denunciados anteriormente por violencia. La realidad es que las mujeres luego de ser violentadas y armarse de valor para denunciar a sus agresores, son enviadas a casa a dormir a lado de ellos mismos. Por si fuera poco, con una humillación más encima, esta vez a cargo de las instituciones públicas.
Las medidas de protección que puede —y debe— aplicar un funcionario público al recibir una denuncia son la opción de salvar la vida de la víctima. Estas medidas incluyen, por ejemplo: 1) la salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del inmueble. 2) disponer y fijar provisionalmente la asistencia familiar. 3) prohibir el tránsito del agresor por los lugares de recorrido frecuente de la víctima y 4) disponer y fijar provisionalmente la guarda de niñas y niños. La realidad es que casi nadie conoce las posibilidades que brinda la norma y, por otro lado, fruto del sistema patriarcal y del machismo, muchos funcionarios se oponen a la aplicación de las medidas de protección, aun conociendo sus bondades.
Hay más. Los juzgados especializados para atender denuncias por violencia siguen siendo carteras que atienden a la vez la lucha contra la corrupción, es decir, no hay tal especialización. Los certificados médicos forenses siguen siendo casi inalcanzables, sobre todo en las ciudades fuera del eje troncal del país y peor aún en las ciudades intermedias o el área rural. El Instituto de Investigaciones Forenses IDIF posee un limitado número de profesionales especializados quienes ni siendo los más hábiles del universo entero abastecerían para dar cobertura a la demanda. Y de todos modos, son escasos los funcionarios probos de esta institución ya que, como se ha develado en los últimos días, los consorcios corruptos también tienen ahí adentro sus tentáculos operando.
El feminicidio es la parte más intensa de la cadena de violencias machistas. Antes de ser asesinadas, las mujeres víctimas generalmente han sufrido otro tipo de violencia por parte de su agresor. No son frases hechas, es una triste realidad: las mujeres víctimas de feminicidio pudieron haber sido protegidas por el Estado, pero el sistema judicial y la criminalística de Bolivia no están preparados para hacerlo. Y como el drama y el dolor no terminan con el feminicidio, el calvario de las familias de las víctimas está igualmente lleno de obstáculos fuertemente arraigados e intensamente alimentados por jueces, fiscales, policías, abogados corruptos. Y que no se deje de decir: toda esa maquinaria está sostenida por poderes fácticos como los medios de comunicación sangrientos y carentes de ética que se alimentan de la desgracia y del dolor de las víctimas.
Es ahora, las cosas deben cambiar de una vez por todas. Así lo ha instruido el Jefe de Estado y nada menos que eso esperamos las mujeres de este país.
Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya.
