El fiscal Johan Muñoz consideró que el consorcio descubierto en la investigación sobre los macabros hechos cometidos por el violador y asesino serial Richard Choque Flores, que derivaron en una serie de allanamientos, ha sido desbaratado, aunque todavía queda por investigar los “tentáculos” de esta organización integrada por el ahora exjuez Rafael Alcón, abogadas y hasta un médico.
Muñoz dijo que los allanamientos y toda la documentación secuestrada “acreditaron” que Alcón –quien era titular del Juzgado Primero de Ejecución Penal de La Paz– no había liberado solo a Choque Flores pese a tener una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto alegando sus supuestos problemas de salud.
Sino que, asimismo, había actuado del mismo modo con Rubén Omar Centellas, conocido como el “descuartizador”, y quien, al igual que Choque, ahora está detenido otra vez, pero que también había sido liberado con el beneficio de detención domiciliaria por el plazo de 18 meses refiriendo que tendría una enfermedad terminal.
Incluso, hasta el momento, “el Ministerio Público detectó por lo menos cuatro casos en los cuales (hubo) el mismo modus operandi”, según el fiscal. Y se presume que hay más casos similares que serán investigados posteriormente porque esta indagación recién comenzó hace una semana.
Pero, pese a que el proceso tiene solo una semana, “creemos que hemos desbaratado ya este consorcio (…), aunque evidentemente es necesario y tenemos mayor información que existen otros tentáculos de esta organización y los vamos a citar en la siguiente semana”, adelantó Muñoz en una entrevista con Red Uno.
¿Cómo funcionaba el consorcio?
De los elementos recolectados hasta ahora por el Ministerio Público, se logró establecer que Marlene P. H., una de las abogadas que habría ayudado a distintos privados de libertad a salir de la cárcel, era auxiliar del Juzgado Primero de Ejecución Penal, donde el juez era Alcón.
“Entonces, en mérito a este nexo, primero de trabajo y posteriormente de una amistad muy cercana, (porque) en el allanamiento a su domicilio hasta se encontró un documento de préstamo de dinero (entre ambos), entendemos que aquí empezó la captación (de los sentenciados)”, explicó Muñoz.
Porque como esta abogada era la auxiliar de ese juzgado, tenía conocimiento de todos los procesos y los privados de libertad condenados y cuyos casos estaban precisamente en esa oficina.
Pero luego, “al ser ella ya no auxiliar (de ese juzgado), sino simplemente una abogada en profesión libre, ha empezado a captar a personas con sentencias condenatorias de 30 años, las cuales no tenían derecho a indulto, y la solución que adoptaron es la de solicitar, en mérito a una enfermedad terminal, la detención domiciliaria”, agregó.
Para eso, según el fiscal, empezaron a utilizar un mismo modus operandi. Sin embargo, “para concretar esta finalidad han tenido que reclutar más personas y es aquí que empieza a entrar Carmen Rosa S., otra abogada”, señaló.
El fiscal indicó que Carmen Rosa S. fue incluida para “ocultar” que Marlene P. H. era en realidad la abogada de las personas que iban a beneficiarse con las salidas de la cárcel porque, de lo contrario, se hubiera descubierto que era “íntima amiga de Alcón”.
Es así que Carmen Rosa S. era la jurista que firmaba las solicitudes de detención domiciliaria y otras medidas para los sentenciados.
Además, “también se ha encontrado documentación en referencia a la solicitud de salidas médicas, porque para concretizar el engaño o por lo menos camuflar, como lo hicieron en este juzgado (para decir que un reo) está con una enfermedad terminal, empezaban solicitando salidas médicas y aquí que interviene el médico Freddy T. R.”, detalló.
Este médico, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público, realizaba “justamente las valoraciones médicas” de los condenados.
“Entonces, teniendo ya todos estos elementos, (es decir) un médico, dos abogadas y un juez, podían sacar ya las resoluciones (de liberación, pero) para tener el dominio del hecho faltaba (algo más porque se) tenía que pasar a un ente de control o algún tipo de filtro (y ahí aparece) la visitadora social Jéssica C. C.; ella recibía las resoluciones, supuestamente realizaba la verificación domiciliaria (de los beneficiarios), no observaba ningún elemento (…) ni cumplía con las visitas de verificación de cada tres meses”, afirmó.
Por lo que, según Muñoz, hasta este momento existen imputadas y guardando detención preventiva seis personas, excepto Carmen Rosa S., quien logró obtener detención domiciliaria porque un juez cautelar estableció que ella tendría a su cuidado a sus hijos menores de edad.
Pero “la Fiscalía apeló esa resolución porque considera que, por la magnitud de los hechos que realizaron, no corresponde ser benignos con estas personas que (hasta se podrían dar) a la fuga”, apuntó.
