Qué triste son los tiempos de las cosas pequeñas. Como duele leer a Sergio Almaraz, refiriéndose a la revolución de 1952: “La revolución boliviana se empequeñeció, y con ella sus hombres, sus proyectos, sus esperanzas. La política se realiza a base de concesiones, y entre éstas y la derrota no hay más que diferencias sutiles”. Esa sensación de negociante de cosas pequeñas es la que me invade cuando leo en la prensa la creación de una Comisión Interministerial de revisión de casos de violación y feminicidio en el que los sentenciados fueron liberados.
Pido anticipadas disculpas por mi pesimismo, pero esta es la tercera vez en tan solo dos años que, de manera rimbombante, el Estado nos convoca para investigar la impunidad en casos de feminicidios. La primera se instaló en septiembre de 2019, presidida por la diputada Sonia Brito. Esta comisión se propuso identificar los cuellos de botella en los procesos judiciales y dar celeridad a los casos. La segunda, dirigida por la diputada Estefanía Morales, trabajó durante 11 meses para proponer recomendaciones que coadyuven en la pronta resolución de casos de feminicidios. El 22 de diciembre de 2021, en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los senadores y diputados aprobaron el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios. Este informe propone 44 elementos conclusivos y 34 recomendaciones a diferentes instancias de administración de justicia.
En ese contexto nos preguntamos ¿de verdad es necesaria una nueva comisión para convencer al Ministro de Justicia, al Fiscal General del Estado, al Procurador General del Estado, al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Constitucional de que el sistema de justicia falla de manera premeditada en proteger la vida de las mujeres?
Pintamos paredes y gritamos en las calles por el hartazgo e impotencia que sentimos frente a la inseguridad de llegar vivas al fin del día. Salimos a denunciar que la base de la violencia contra las mujeres es el patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial debido a que la gran mayoría de casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva no solo por la ineficiencia institucional, sino fundamentalmente debido a la enorme corrupción de todo el sistema judicial. Esta falla estatal se traduce en un numero ínfimo de casos que llegan a sentencias; y encima constatamos que un juez corrupto puede beneficiar con detención domiciliaria a un criminal sentenciado, con absoluta complicidad de la Fiscalía.
Por ello, ya no podemos seguir confiando en una nueva comisión cuyos resultados conocemos anticipadamente. Proponemos más bien iniciar la conversación con acciones concretas: ¿En cuánto tiempo y quiénes se harán responsables de la implementación de las 34 recomendaciones de la Comisión Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional?, ¿cuándo se presentará la comprometida reforma de la Ley 348?, ¿cuánto presupuesto invertirá el Estado para implementar el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”?, ¿con qué recursos cuenta el Consejo de la Magistratura para implementar su plan de creación y fortalecimiento de juzgados en materia de violencia contra las mujeres?, ¿qué propone el Fiscal General del Estado considerando que existen solo 88 fiscales atendiendo 46.774 casos de la Ley 348?
Tal vez hablar de estos temas nos devuelvan el sentido de pertenencia a un país que parece sentir desprecio por la vida de las mujeres. Nuestras ganas de romperlo todo no es un asunto de ira, o de emociones desbordadas. Se trata de que una parte importante de la ciudadanía siente que, si la justicia solo produce impunidad, el contrato social se ha roto.
Lourdes Montero es cientista social.
