El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció que su oficina presentará una denuncia penal contra la Gobernación de Santa Cruz si ésta no cuenta con documentación de respaldo en el caso de un puente construido sobre el río Parapetí por parte de menonitas que viven por la comunidad Cuarirenda.
“Nos vamos a acercar al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía, porque, si no tienen esta documentación, nunca se podía haber dado el permiso para la construcción de un puente”, dijo, en una conferencia de prensa.
La autoridad adelantó que la medida judicial será posible luego de una inspección a la estructura y un diagnóstico del estado actual del medioambiente en el lugar, áreas de sensibilidad, evaluación de impacto, análisis de riesgo y plan de contingencia, así como la existencia de un programa de prevención y mitigación ambiental, especificaciones técnicas, reposición de pérdidas y seguimiento, entre otros.
Sin embargo, adelantó que el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, incumplió la normativa vigente al permitir la construcción de la infraestructura del caso.
Recordó que la edificación de una estructura de esa naturaleza requiere del cumplimiento de requisitos como estudios de diseño técnico de preinversión, topográficos, hidrológicos, geotécnicos, hidráulicos y de diseño geométrico de accesos.
La estructura, agregó, debería contar también con obras de encauce, protección y complementarias, así como diagnósticos de tráfico y transporte, estructura, seguridad vial y señalización, por citar algunos.
“El día ayer (sábado) más bien lo hemos visto con un hermano dirigente diciéndole que por necesidad es que se había construido, pero sin cumplir estos requisitos”, aseveró.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua solicitó la información técnica respectiva sobre el caso, como el caso de la ficha ambiental y los estudios de mitigación medioambiental.
Como consecuencia del caso, el gobernador de Santa Cruz, destituyó al subgobernador de la provincia Cordillera (Gonzalo Peña) e inició una querella contra quienes pudieran estar implicados en la construcción ilegal del puente. La semana pasada, dijo que la obra, de 200 metros de longitud y de estructura de metal, fue construida por menonitas y autorizada por autoridades del municipio de Charagua y la autonomía indígena, además de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
