En la octava conclusión de las nueve que difundió el relator de la ONU Diego García-Sayán sobre su evaluación de la administración de justicia en el país dijo que “hay escasos resultados” en la investigación sobre la violencia de 2019, entre ellas las masacres de Sacaba y Senkata.
Bajo el título de “Graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país luego de la crisis de 2019”, el especialista peruano hizo una síntesis del capítulo recordando su “larga reunión”, de más tres horas, con las víctimas de Sacaba, Senkata y la zona Sur de La Paz.
Recordó, como el mismo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los 37 fallecidos de la violencia de ese año. “Si bien he notado que hay interés y empeño en darle seguimiento y promover la investigación pasados más de dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación”, sentenció.
Consideró que las víctimas y los familiares de las víctimas o quienes han sufrido agresión o han sido dañados en su integridad física en 2019 “están todavía esperando por justicia y reparación”, dijo el especialista de la ONU para la Independencia de la Justicia que termina este martes su misión en Bolivia, a invitación del gobierno de Luis Arce.
Afirmó que, en este caso, su visita “contribuirá a alentar una prioridad y una atención justa para que las personas afectadas por estos hechos de violencia puedan encontrar algo de justicia”.
García-Sayán destacó el papel del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sobre la materia. “He visto con interés cómo el Procurador General está proponiendo, o va a proponer, legislación para atender mejor esos casos”.
Se refirió con esto a la mesa interinstitucional que el lunes fue conformada por el Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que planteó un seguimiento a los procesos judiciales derivados de la crisis poselectoral de 2019.
Al terminar las elecciones fallidas el 20 de octubre de 2019, cívicos y políticos de oposición propiciaron una serie de protestas en el país que derivaron en violencia civil. Tres personas, una en Quillacollo y otras dos Montero resultaron los primeros fallecidos; sin embargo, otras murieron bajo la represión militar y policial.
El 14 de noviembre de 2019, dos días después de proclamarse presidenta ante la renuncia de Evo Morales, por presión de las protestas, un motín policial y la sugerencia de dimisión de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, Jeanine Áñez firmó junto a sus ministros el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a las fuerzas de seguridad.
Al día siguiente, en su afán de contener una marcha de cocaleros e “interculturales”, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana desarrollaron un operativo conjunto en el puente Huayllani, en Sacaba (Cochabamba), que terminó con la muerte a bala de una decena de manifestantes. El GIEI calificó al hecho de masacre e incluso denunció ejecuciones sumarias.
El 19 de noviembre, otro operativo compartido terminó con la vida de otra decena de manifestantes en Senkata, El Alto, cuando las protestas impedían la provisión de combustibles a esa ciudad y El Alto.
Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que los movilizados se habían disparado entre sí y su colega de Defensa, Luis Fernando López, sobre la última masacre, dijo que del Ejército no había salido “ni un solo cartucho”.
El GIEI, en los ocho meses que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, identificó 37 muertes, aunque no pudo comprobar el fallecimiento de otra persona en marzo de 2020, presuntamente herida el 19 de noviembre en Senkata.
Hubo también muertes por represión estatal en el Pedregal (La Paz) y Betanzos (Potosí).
