Luego de su visita oficial de una semana al país, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, dijo haber percibido “una saludable corriente de pensamiento a favor de un gran acuerdo nacional por la justicia”. Todos hablan de ella y quieren reformarla. Lo que parece difícil es acordar el “gran acuerdo”.
La nutrida agenda del Relator Especial mostró algunas cosas importantes respecto a cómo las y los bolivianos percibimos hoy la administración de justicia. Destaca la necesidad de decir algo al respecto, cada quien desde su vereda por supuesto, en algunos casos con gran dramatismo. Es relevante también el reconocimiento común de que el sistema judicial está en crisis y, por tanto, requiere cambios urgentes y profundos. Y es claro que estamos lejos de una ruta compartida para encaminar la reforma.
La síntesis preliminar realizada por García-Sayán es inequívoca: “La justicia está lejos de la gente. La construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad boliviana”. ¿Alguien puede estar en desacuerdo, más allá del debate político sobre las causas de la crisis judicial? Al contrario, distintos actores relevantes comparten la certeza de que una “justicia independiente y efectiva es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos”.
Dicho esto, y a la espera del informe del Relator previsto para junio, la pregunta que queda es simple: ¿cómo lograrlo? ¿Qué debemos hacer desde el Estado, como sociedad, para dejar atrás la peste del actual sistema corporativo de administración de justicia en el país y avanzar hacia una justicia justa? Se pregunta fácil, pero el desafío es enorme. Cierto que el tamaño de la crisis es una oportunidad, pero hasta el momento no parecen haber voluntades ciertas para alcanzar el “gran acuerdo”.
En lo que va de la gestión del presidente Arce hemos conocido tres caminos diferentes de reforma impulsados desde el Ministerio de Justicia. La oposición, por su parte, hace esfuerzos para superar la sola denuncia y hacer propuestas. Más de un grupo de juristas no independientes ha lanzado iniciativas más o menos viables e interesantes. Los propios actores del sistema sugieren interés y simulan acción. Y está convocada (sin fecha, sin agenda, sin integrantes) una nueva Cumbre Nacional por la Justicia.
Nada de eso parece suficiente para construir el necesario acuerdo identificado por García-Sayán. Y el tiempo corre. ¿El próximo año, por ejemplo, tendremos elecciones judiciales? ¿Serán nuevamente fallidas en su legitimidad? ¿O se logrará garantizar un proceso de preselección de postulantes con arreglo a méritos, probidad, trayectoria? ¿Acaso es posible una reforma constitucional? Hay que sentar las bases mínimas para acordar el gran acuerdo nacional que requiere una nueva administración de justicia.
