Después de 15 años y un largo proceso judicial, se sentenció con condenas de entre 5 y 10 años de cárcel a exejecutivos de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec), ahora filial de ENDE Corporación, por la compra-venta irregular de acciones por $us 11 millones, a través de empresas Off shore con sede en Panamá, para beneficio propio.
Javier de Udatea Corral y Ximena Rivero Nogales fueron condenados a 10 años de prisión; Ernesto Magariños Revollo y Alejandro Alarcon a 8 años; mientras que Alfredo Viscarra Araoz y Víctor Hugo Toranzos a cinco años de cárcel. Cinco están prófugos, la sentencia deben cumplirla en el penal de San Sebastián varones y mujeres de Cochabamba de acuerdo a la resolución del Tribunal Tercero de Sentencia.
Se los acusó y sentenció por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa, organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, asociación criminal, sociedades y asociaciones ficticias y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
“Hoy la justicia se impuso en Bolivia, hoy hemos dado un mensaje a la comunidad: no más delincuencia de cuello blanco; hoy los responsables deberán cumplir una condena como establece la resolución judicial”, sostuvo el asesor legal de Elfec, Mauricio Antezana
Según la relación de los hechos, un grupo “estructurado” de exejecutivos de Elfec “sacaron” $us 11 millones de la firma para comprar para sí mismos las acciones a través de tres empresas off shore en Panamá, vía estudio de abogados Mossack Fonseca. Una vez adquirido el paquete accionario realizaron remesas al exterior, por las cuales no se pagaron impuestos, lo que derivó en que el Estado boliviano cancele Bs 22 millones en impuestos años después.
“En síntesis, ni los exejecutivos ni los trabajadores, erogaron un solo dólar en la compra de las empresas, por cuanto esta transacción se realizó con el dinero de la empresa”, establece un boletín institucional.
Además, “regalaron” casi $us 1 millón a la directiva sindical de ELFEC de 2007 y 8361 acciones a trabajadores vinculados a ellos, siempre según la pesquisa.
El caso se denunció y activó judicialmente en 2011, una vez que el Estado recuperó las acciones de Elfec.
De los imputados, solo Alfredo Viscarra Araoz asumió defensa sostuvo Antezana, en cambio los otros sentenciados se encuentran prófugos.
