El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió este martes a los recursos judiciales presentados en contra de los decretos supremos 4640 y 4641, que implementan la vigencia del carnet de vacunación contra el COVID-19 y la exigencia de ese documento en todos los espacios de concentración de personas, y aseguró que no tienen argumentos jurídicos constitucionales.
“Pensamos que no existen argumentos constitucionales jurídicos y sí una serie de falacias, de mentiras, de medias verdades, que no aplican y que definitivamente van a ser respondidos por el Gobierno nacional en todos tribunales donde seamos convocados”, afirmó Lima.
La autoridad agregó que en esos tribunales el Gobierno defenderá la legalidad de las normas vigentes en el país “con la Constitución y la ley en la mano” porque, en su criterio, se hizo lo correcto para proteger la salud del pueblo boliviano.
Explicó que en Santa Cruz se presentaron una acción popular y un amparo constitucional en contra de esas normativas cuestionadas por parte de algunos grupos de personas, y en La Paz ha ocurrido lo mismo.
“En los casos de Santa Cruz tienen un mismo argumento, están hablando de la existencia de una sentencia en Argentina que habilitaría la prohibición de pedir el pase sanitario y también de alguna decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos”, indicó.
Sin embargo, según la autoridad, ninguno de los dos aspectos usados como argumentos es real porque en el caso de Argentina solo se otorgó una medida cautelar mientras se considere el fondo del caso y no hay decisión final.
“Lo propio con relación a la Corte Suprema de Estados Unidos, no hay una decisión como la que se señala en esas acciones que se han presentado”, señaló.
En estas acciones judiciales planteadas en Santa Cruz, según el ministro, los demandados son el presidente Luis Arce, el ministro de Salud, Jeyson Auza, el gobernador Luis Fernando Camacho, el alcalde Jhonny Fernández y el comandante departamental de la Policía Erick Holguín.
Además, Lima sostuvo que en dichos recursos se alega “normativa internacional”, que no fue ratificada por el país porque se trata solo de “declaraciones” que no son vinculantes ni pueden aplicarse como una acción constitucional.
“Lo que sí es constitucional y obligatorio en el país es nuestra Constitución y definitivamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que está aprobado por la Ley 2119”, remarcó en una entrevista con Bolivia TV.
Asimismo, indicó que se está utilizando en las acciones judiciales el artículo 44 de la Constitución boliviana, pero “no es aplicable en esta situación porque se refiere al consentimiento informado para una operación quirúrgica”.
Lo que sí también aplica en este caso es “el artículo 35 (de la Constitución) que nos habla de que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”, recordó.
Por tanto, en su criterio, con los decretos cuestionados solo se está garantizando el bienestar colectivo porque, además, no se está obligando a las personas a vacunarse y por eso se abrió la alternativa de llevar una prueba negativa de PCR a las que no quieran inocularse. Entonces, “tenemos todo un marco legal para aplicar estas decisiones que se han tomado. Los grupos que aisladamente están buscando confundir, tergiversar y mostrar realidades que no existen, se enfrentan a una vacunación exitosa porque la mayoría del pueblo boliviano quiere salud”, apuntó.
