Ejecutar una política pública es siempre algo mucho más complejo de lo que parece. Con frecuencia, las autoridades y los tecnócratas suponen que sus decisiones o sus planes se cumplirán sin considerar en su verdadera dimensión los contextos y las personas que los deben operar o a las que afectan. Algo de eso ocurre en los problemas que está enfrentando la implementación del carnet de vacunación contra el COVID-19.
En muchas ocasiones grandes ideas pueden acabar en frustraciones y fracasos. Esto pasa muy frecuentemente cuando se lanzan políticas públicas que en el papel parecen racionales, pero que, en los procesos, se revelan imperfectas debido a que no consideraron las capacidades y perfiles de sus operadores, por un lado; los comportamientos del grueso de la gente común y corriente frente a estas políticas, por otro.
La decisión gubernamental de exigir un carnet de vacunación contra el COVID-19 para acceder a servicios públicos y lugares de aglomeración parece sensata considerando el objetivo de acelerar un proceso que se había estancado, justamente cuando una nueva oleada de la enfermedad se abate sobre el país. Por tanto, se justifica que se exija a las personas que no desean vacunarse alguna medida que demuestre su compromiso con la protección de la salud de los otros, sobre todo cuando visitan lugares concurridos donde hay riesgo de contagio. Es un incentivo para que reevalúen su comportamiento y un recordatorio de que deben ayudar a la comunidad, al menos probando que no están infectadas mediante una prueba PCR.
Hasta ahí todo parece sensato. Sin embargo, es evidente que para su aplicación se debería haber reflexionado en las condiciones sociales en las que iba a ser implementada la medida y en todos los pequeños y grandes factores que había que prever para que dicha política tuviera éxito.
Veamos un ejemplo: es obvio que iba a ser rechazada por ciertos sectores, algunos debido a razones ideológicas o religiosas y muchos otros simplemente porque no se había vacunado por desidia o falta de información y ahora tendrían que hacerlo a última hora para no enfrentar incomodidades. Es decir, había que impulsar acciones anteriores de información, explicación, persuasión a todos los sectores de la población.
De igual manera, era obvio que había que tener una plataforma tecnológica sólida que provea un carnet en un formato simple para todos, centros de vacunación numerosos para la gran cantidad de gente que iba a querer vacunarse atropelladamente, incluso preguntarse si era buena idea empezar la medida en un inicio del primer mes del año, cuando la gente va a cobrar salarios y rentas, cuando los padres y madres hacen largas filas para inscribir a sus hijos e hijas en centros educativos y una larga lista de otros factores.
En pocas palabras, no basta con buenas ideas y voluntades, hace falta estudiar previamente los componentes del proceso con conocimiento de la sociedad y con realismo, prepararse para los escenarios más difíciles. De lo contrario se tendrá las más de las veces que asumir el riesgo de retroceder en la decisión y cargar con el costo político que ello implica.
