Mientras Kazajistán sufría los caóticos y sangrientos disturbios a principios de enero, el opositor Asset Abishev era detenido manu militari a bordo de un autobús por la policía, a la que acusa ahora de haberlo torturado durante una semana.
Militante opositor, Abishev fue detenido el 4 de enero, pocas horas antes de la manifestación de miles de personas en las calles de la capital económica, Almaty, punto de partida de una crisis sin precedentes.
Detenido sin ser encausado y sin posibilidad de comunicarse con el exterior, este hombre de 44 años fue finalmente liberado una semana después, sin ser imputado, pero con el cuerpo repleto de equimosis debido a los golpes que recibió.
Su testimonio a la AFP, así como otros relatos similares, ponen en duda la versión oficial de las autoridades de este país de Asia central, que atribuyeron los disturbios a «terroristas» y «bandidos» formados en el extranjero.
Asset Abishev relata haber pasado las tres primeras noche «secuestrado» en la comisaría, incluso la del 5 de enero, cuando la policía disparó con balas reales para rechazar los ataques de manifestantes no identificados.
Luego fue transferido a un centro de detención donde compartía celda con otras siete personas y donde, según dice, fueron todos sometidos a violencias.
‘Sin piedad’
«Me golpearon el torso, a puñetazo limpio, y la espalda y los brazos con la culata de un fusil», relata Abishev, mostrando las marcas violeta, amarillas y verde en su cuerpo.
«Con los jóvenes arrestados el 5 y 6 de enero, (los policías) no tuvieron piedad: les pusieron bolsas de plástico en la cabeza, los tiraron al suelo, y empezaron a saltar sobre ellos. Les rompieron las costillas, pero no recibieron ninguna atención médica», cuenta.
Los disturbios estallaron tras un alza de los precios del carburante, en un contexto de cólera ante la corrupción y el descenso del nivel de vida.
En esos disturbios, el presidente Kasym-Jomart Tokayev dio la orden a la policía de «disparar a matar» y llamó a las tropas rusas en ayuda.
Al menos 225 personas murieron, miles resultaron heridas y varios centenares fueron detenidas.
Elvira Azimova, emisaria gubernamental para los derechos humanos, aseguró a la AFP que las presuntas violaciones de derechos durante las detenciones eran «un dosier prioritario», y reconoce haber recibido querellas por torturas.
Admite no obstante no tener el poder de «interferir en los procesos judiciales».
(27/01/2022)
