Madres y familiares de víctimas de feminicidio y violación marcharon desde El Alto hasta la ciudad de La Paz exigiendo justicia y denunciando con nombre y apellido a jueces y fiscales que dieron libertad a acusados de feminicidio o violación. La movilización hizo una especie de mítines de protestas en puertas del Tribunal de Justicia y de los ministerios de Justicia y de Gobierno.
Con carteles y en otros casos con epitafios de sus seres queridos victimados en mano, decenas de personas engrosaron la protesta que fue activada después de revelarse que el juez Rafael Alcón liberó al sentenciado por feminicidio y violación Richard Choque Flores, quien en libertad volvió a cometer otros dos feminicidios y violaciones.
Justamente la protesta partió desde la casa donde Richard Choque sepultó a sus dos víctimas, en la zona Ballivián de El Alto. La lluvia no impidió la movilización en la que estuvo la activista de Mujeres Creando María Galindo, quien denunció que más de 120 personas acusados de feminicidio y violación fueron liberados en Bolivia.
En puertas del Tribunal Departamental de Justicia se pegaron papeles con los nombres de jueces y fiscales que liberaron a acusados de violación o de feminicidio o tentativa de feminicidio.
En puertas del Ministerio de Justicia, en el Prado de La Paz, hubo protesta y un intento de la Policía por dispersarlos. La pared y puertas de esta cartera de Estado fueron pintarrajeadas. Después, la movilización siguió hasta el Ministerio de Gobierno.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió de su oficina a escuchar personalmente las quejas y denuncias de voz de Galindo. Le pido “recabar todos los datos de feminicidios y violaciones, donde los feminicidas y violadores se han beneficiado con libertad” y formar una comisión entre los diferentes poderes para que en un plazo de 180 días revisen esos casos.
Del Castillo se comprometió a trasladar la propuesta de la movilización al presidente Luis Arce, aunque adelantó que Arce ya dispuso hacer todo lo necesario para que “se haga justicia” en estos casos.
Alcón fue acusado por delitos como prevaricato y fue enviado a la cárcel por seis meses hasta tanto continúen las investigaciones. En su descargo, el juez explicó que concedió la libertad porque el sentenciado presentó certificados médicos que daban cuenta de una enfermedad terminal.
