El expresidente Eduardo Rodríguez acusó al fiscal general, Juan Lanchipa, de no haber acusado a la expresidenta Jeanine Áñez ni a su gabinete cuando “arrancó este negro episodio de la historia” de violencia política y de derechos humanos en 2019, por el contrario –aseguró- activó procesos contra los que “llamaban el masismo”.
La crítica al actuar de Lanchipa fue hecha en el marco del comentario sobre el libro “Democracia interrumpida” del periodista Julio Peñaloza que, justamente, hace un repaso de todo lo ocurrido antes, durante y después de la crisis de 2019 que acabó con la dimisión de Evo Morales y la toma del poder por parte de Áñez.
“Cuando arrancó este negro episodio de la historia, no vimos a un Fiscal General acusando a la señora Áñez, a su gabinete, ni a nadie por nada; al contrario, el Ministerio Público se empezó a ocupar, y lo dice Julio, de generar procesos en contra de lo que llamaban el ‘masismo’, sean o no masistas; bastaba que alguien ocupe una función para poner cargos. Ese Ministerio Público es el que debió cumplir una labor histórica, de estirar el dedo en ese tiempo”, cuestionó.
Rodríguez reparó en que ese reclamo persiste y un reflejo es que hasta el momento no haya un juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata, donde perdieron la vida por impacto de bala más de una veintena de personas, afines al oficialismo, en intervenciones militares y policiales dispuestas en el gobierno de Áñez bajo un decreto que los deslindaba de responsabilidades penales, por acciones de restablecimiento del orden.
A través de un comunicado, la exministra Roxana Lizárraga, en el gobierno de Áñez, acusó a Lanchipa de haber ofrecido a los exministros Arturo Murillo y Yerko Nuñez las fiscalías de La Paz y Santa Cruz. Lanchipa rechazó la denuncia y le sugirió concentrarse en su defensa por tráfico de armas de Ecuador a Bolivia.
“Lo que ha pasado el 2019, que no se convierta en un episodio más de impunidad”, abogó Rodríguez y reveló, a partir de su experiencia como embajador de los Países Bajos, que el gobierno de Áñez tomó “decisiones torpes y abusivas” con el servicio exterior, porque los cesaron en su cargos y no les permitieron retornar a sus oficinas.
Recordó que cuando ejerció la presidencia transitoria de Bolivia en 2005 no se le hubiera ocurrido retirar a todo el servicio exterior, porque esa era una responsabilidad del próximo gobierno.
“La expresidenta Áñez y (excanciller Karen) Longaric decidieron desmantelar y despedir a todos, bueno, tal vez podían hacerlo, pero no quedaron ahí, los reemplazaron con igual números de personas afines al régimen”, contó en el acto en el que estuvo el vicepresidente David Choquehuanca y la embajadora de México, María Teresa Mercado.
