Luego del informe que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Bolivia y el rechazo del Gobierno a ese documento, el expresidente Evo Morales afirmó este jueves que ese país busca “impunidad para delitos y violaciones a los derechos humanos” durante el gobierno de la también expresidenta Jeanine Áñez.
“Al defender a golpistas derechistas que, enjuiciados por asaltar el poder, robar al Estado y masacrar a nuestros hermanos, Estados Unidos busca impunidad para esos delitos y (las) violaciones de derechos humanos. Busca la desestabilización política para impedir la justicia que piden las víctimas del golpe”, escribió Morales en Twitter.
El miércoles, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, la administración de Luis Arce rechazó dicho informe por considerar “que realiza inferencias sin fundamento y emite juicios de valor inapropiados sobre el proceso judicial que enfrenta Jeanine Añez en la justicia de nuestro país”.
Áñez cumple detención preventiva en la cárcel de Miraflores, en La Paz, desde marzo de 2021, investigada por el caso Golpe de Estado I y Golpe de Estado II.
“El último informe del Departamento de Estado es prueba de la conspiración de EEUU contra el pueblo y la democracia de Bolivia (…). Ahora acusan a nuestro gobierno”, agregó Morales.
Luego de la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de ese año, presionado por movilizaciones que denunciaban un supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre 2019, la entonces senadora Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin contar para ello con el quórum reglamentario y la asistencia de la bancada del MAS, que por entonces tenía dos tercios en el Legislativo.
En otro juicio, cuya aprobación depende de la Asamblea Legislativa, Áñez es acusada por las masacres de Sacaba y Senkata, referidos a la represión militar con una veintena de muertos a bala en noviembre de 2019.
Luego de asumir el mando del país, la exmandataria emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades a policías y militares por el posible uso excesivo de la fuerza en la contención de movilizaciones a favor del dimisionario Morales en diferentes regiones del país.
Así, el 15 de noviembre se produjo la muerte a bala de 10 personas en las protestas de Sacaba, Cochabamba, y cuatro días después la misma cantidad de personas perdieron la vida en Senkata, El Alto.
