Una indígena denunció a Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, por prohibirle abortar después de quedar embarazada tras ser violada en represalia por defender su tierra, informaron este miércoles grupos de derechos de la mujer.
En Honduras existe una prohibición total del aborto aunque el embarazo sea producto de violación, exista malformación grave del feto o la vida de la mujer embarazada esté en peligro, lo que impidió a esta humilde mujer de 34 años terminar con ese embarazo.
Además, hasta hace poco estaba prohibida en el país la pastilla anticonceptiva de emergencia «que le habría evitado un embarazo», dijeron la ONG Center for Reproductive Rights (Centro de Derechos Reproductivos) y otras cuatro organizaciones hondureñas en un comunicado.
Honduras
Regina Fonseca, directora del Centro de Derechos de Mujer de Honduras, que asistió a la indígena en su denuncia ante la ONU, explicó a la AFP que la víctima, identificada con el seudónimo Fausia, «decidió que iba a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr justicia» para que otras mujeres no sufran lo mismo.
«Fausia es una mujer indígena y defensora de derechos humanos hondureña del Pueblo Nahua; sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada producto de la prohibición total del aborto vigente en el país», dice el comunicado.
Ella «fue violentada por dos hombres y violada sexualmente por uno de ellos como represalia por su trabajo en defensa del territorio» en el departamento oriental de Olancho y «quedó embarazada; lo que le causó un grave sufrimiento físico y mental», añade la nota, sin mencionar la fecha del hecho.
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Peligroso para las mujeres
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, éste es el país «más peligroso» de América Latina para las mujeres; con 380 feminicidios en 2023, frente a 308 de 2022.
En Honduras «no hay posibilidades de garantizar la reparación que ella necesita». Pero «también la justicia que necesitan las mil niñas menores de 14 años que paren cada año en los hospitales públicos sobrevivientes de violencia sexual»; que «están obligadas por el Estado a una maternidad que no desean», dijo Fonseca.
También se requiere justicia para «todas aquellas [mujeres] que aún con la prohibición buscan un aborto y lo hacen de manera clandestina», agregó.
Además, la activista contó que Fausia ha tenido que mudarse diez veces de casa en los últimos años por motivos de seguridad.
Las organizaciones dijeron en el comunicado que para que «la historia de Fausia no se repita es necesario que el Estado hondureño garantice el acceso al aborto en condiciones seguras (…); y ponga fin a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo».
Sin embargo, una reforma legal parece difícil en el país. En 2021 el Congreso, dominado por partidos conservadores, blindó la prohibición al aborto en la Constitución; de forma que solo se puede eliminar con los votos de 96 de los 128 diputados.
