El expresidente de Ecuador Rafael Correa, condenado en su país a ocho años de cárcel por corrupción, recibió la condición de refugiado en Bélgica, según una copia del certificado expedido por el Comisariado General de Refugiados y Apátridas, al que AFP tuvo acceso.
El documento lleva fecha del 15 de abril. Este mismo viernes, las autoridades judiciales ecuatorianas solicitaron la extradición del exmandatario.
«Es un alivio. Porque cuando te dan esta protección muestra que eres un perseguido», dijo Correa a la AFP en un contacto telefónico este viernes.
Con relación al pedido de extradición firmado en la jornada, el expresidente dijo que las autoridades ecuatorianas «van a hacer el ridículo nuevamente. Ya se lo han negado varias veces. Pero no les importa».
En Quito, la cancillería ecuatoriana indicó en un comunicado que no había sido notificada de la concesión del asilo político por ninguna «fuente oficial».
Correa había presentado en 2018 su pedido de refugio en Bélgica, país de donde es originaria su esposa y al que se mudó en 2017, cuando dejó el cargo tras una década en la presidencia.
El exmandatario socialista, que gobernó entre 2007 y 2017, había apoyado su demanda alegando que era objeto de una «persecución política» y judiciaria en su país.
Eso ocurrió a partir de la llegada del poder de Lenín Moreno (2012-2021), que fue binomio de Correa entre 2007 y 2013 y que se benefició de su apoyo para ser elegido presidente.
Sentencia en firme
Correa, de 59 años, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Ese delito, así como los de peculado, la concusión y el enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en Ecuador.
El exmandatario defiende su inocencia y critica que fuera vinculado al proceso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.
La sentencia en su contra fue ratificada en última instancia en 2020, lo que además le inhabilitó de por vida para desempeñar cargos de elección popular.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, durante su mandato tanto el expresidente, como exfuncionarios y empresarios participaron en un esquema de corrupción en el que se pagaron sobornos a cambio de contratos. Dieciocho personas fueron condenadas por el caso.
La Fiscalía ecuatoriana sostiene que los implicados pidieron sobornos por casi 7,6 millones de dólares.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, señaló que tampoco conoce sobre la concesión de asilo al expresidente.
«Yo sigo trabajando en la extradición porque es el cumplimiento de mi deber. Si es que se niega la extradición de Bélgica, no escapa a mí sino al Estado ecuatoriano», expresó el juez en una rueda de prensa.
Más temprano defendió su proceder indicando que actuó apegado a la ley. «Tenemos una sentencia firme. Hay el convenio con Bélgica y convenios internacionales, más la ley de extradición, que sustentan nuestro pedido en estricto derecho. Aquí no hay juicios de valor», dijo en una entrevista con el canal Teleamazonas.
La Procuraduría de Ecuador decomisó en febrero los bienes de Correa y otros funcionarios de su gobierno vinculados al caso. En noviembre la justicia dispuso el embargo de las cuentas bancarias de los condenados.
El expresidente socialista también enfrenta un juicio, con orden de detención, por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.
En su intento por capturar a Correa, la justicia ecuatoriana ha solicitado a la Interpol incluirlo en su lista de difusón roja, pero los pedidos han sido rechazados.
