La Defensoría del Pueblo informó este jueves que los derechos de las y los trabajadores sexuales fueron vulnerados por el Estado durante la pandemia de COVID-19, principalmente en relación a la detección y prevención de las (Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH.
Según una nota de prensa, el Estado, incluso, “permitió la violencia institucional, por parte de policías y guardias municipales, en contra de este grupo poblacional vulnerable”.
“El Estado boliviano no actualizó el procedimiento para el registro, entrega y control de las Libretas de Salud, lo que generó la vulneración de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, pues con el pretexto de prevenir e investigar posibles delitos de trata de personas, proxenetismo y atentado contra la salud pública, se las sancionaba por no portar o la cédula de identidad o la Libreta de Salud”, dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, citada en la misma nota.
El informe denominado “Criminalización del trabajo sexual. Cumplimiento del artículo 40 del Decreto Supremo 451, durante la pandemia de la COVID-19”, presentado este jueves, da cuenta que “durante la cuarentena rígida, entre marzo y junio de 2020, diferentes servicios relacionados con la atención médica fueron suspendidos, entre ellos el diagnóstico serológico; y que los mismos, luego de la cuarentena rígida, no fueron rehabilitados en La Paz, Santa Cruz y Tarija.
“La suspensión de este tipo de diagnóstico llega a constituirse en una omisión que no sólo vulneró la obligación estatal para detectar y prevenir dichas infecciones, sino que puso en riesgo la salud e integridad de estas personas”, reclamó Cruz.
Asimismo, explicó que durante los operativos conjuntos, miembros de la Policía y personal de la Intendencia Municipal “realizaban controles de la Libreta de Salud, pese a no tener competencia para hacerlo” y pedían “pieza” como medio de extorsión ante alguna observación.
Ese informé estableció que 23.965 personas que ejercen el trabajo sexual, desde la gestión 2018 hasta el primer trimestre del 2021, fueron afectadas, de las cuales el 99.6% corresponde a mujeres, el 0.3% a hombres y el 0.1% a personas transgénero.
