El Gobierno afirmó que las movilizaciones violentas que se registran en Santa Cruz no reivindican principios de justicia, sino de “impunidad” para el gobernador Luis Fernando Camacho y otros actores de la crisis de 2019.
Para ese objetivo, “líderes de la derecha radical” apostada en el oriente del país utilizan “la amenaza, violencia, las mentiras y el odio”, como principales “instrumentos”, aseguró el vocero presidencial Jorge Richter.
“Lo que se está buscando, con las movilizaciones, el enrarecimiento, la instalación de la violencia, la confrontación y el tensionamiento, es preservar la impunidad”, afirmó Richter, la noche de este lunes.
CRISIS
Así, el vocero se refirió al escenario de crisis y movilizaciones que se desató en Santa Cruz, desde el 28 de diciembre, tras la aprehensión de Camacho y su posterior detención preventiva, por cuatro meses, en la cárcel de Chonchocoro en La Paz.
Esa decisión judicial se asumió luego que el gobernador cruceño fue imputado por el delito de terrorismo por el caso Golpe de Estado I.
Este proceso está referido a la crisis de 2019, que derivó en la dimisión del entonces presidente Evo Morales y la posesión de la senadora de oposición Jeanine Áñez como mandataria transitoria, quien también es una de las principales implicadas en este caso, además de exministros, exautoridades militares y policiales.
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Desde la captura de Camacho, cívicos y grupos afines al gobernador realizan movilizaciones, paros y bloqueos, además de otras medidas de presión en demanda de su liberación.
En esas circunstancias, se registraron destrozos a la propiedad pública y privada, además de destrozos y quemas en instalaciones de la Policía.
Al respecto, Richter afirmó que con esas acciones se busca “acorralar” a la Justicia para impedir las investigaciones por los hechos de 2019, además de las muertes, violencia y pérdidas económicas por el paro de 36 días, entre octubre y noviembre de 2022, liderado también por Camacho y el cívico Rómulo Calvo.
PARO EVITÓ APREHENSIÓN
En ese marco, el vocero presidencial calificó a la crisis cruceña como una “estrategia de orden político” para proteger a Camacho de ser procesado. Recordó que el mandamiento de aprehensión estaba activo desde octubre de 2022, y fue emanada por una orden fiscal.
Según Richter, “el gobernador cruceño tenía conocimiento” de la aprehensión “y eso coincide” con el paro cívico que duró 36 días, a lo que calificó “como mecanismo de protección para que no sea convocado por la Fiscalía”.
“La Policía no tenía la posibilidad” de aprehenderlo en ese entonces, lo cual es una “metodología y una herramienta para garantizar la impunidad”, insistió.
Otra acción que mencionó el vocero es el constante intento de toma del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, porque, “de conseguir su objetivo, pueden negociar en mejores condiciones” la liberación de Camacho.
ESTRATEGIA
En ese marco, afirmó que la crisis es impulsada por un “pequeño grupo” de logias cruceñas, que usan el miedo, la amenaza, las mentiras y el odio, con el objetivo de acentuar el conflicto permanente.
“El odio y el regionalismo son también otros de los elementos centrales con los cuales esta derecha radical está dañando profundamente nuestra democracia”, pues se busca ahondar el “resentimiento” entre oriente y occidente.
Respecto a las «amenazas», mencionó que circulan en redes sociales listas de personas calificadas como los “traidores de Santa Cruz” para quienes “no habrá paz ni tranquilidad”.
Indicó también que se busca amedrentar con el hecho de que ahora deben “sufrir las madres de los masistas”, además que circulan mensajes que aluden a la hija presidente Luis Arce, que radica en Santa Cruz.
Respecto a la estrategia de la «mentira», afirmó que esos grupos cruceños buscan instaurar la idea de que Camacho fue “secuestrado”, y dejar de lado el hecho de que fue implicado en un proceso penal que data desde antes de que fuera elegido como gobernador.
“Otra mentira que se maneja es que la vida Camacho está en peligro” igual que ocurrió con Áñez cuando fue encarcelada, dijo Richter.
También mencionó el tema de los “autoatentados” que afirmó el cívico Calvo, respecto a las oficinas de entidad públicas que fueron dañadas en las movilizaciones.
Afirmó que a esto se suma el elemento de la violencia, pues en las últimas horas se secuestró armas y una gran cantidad de artefactos explosivos en puntos de bloqueo, lo que “desmonta el discurso de que se trata de una medida pacífica”.
ACCIONES
Ante este escenario de conflictividad, Richter explicó que los responsables de esta situación deberán responder ante la Justicia, pues se trata de entidades públicas que funcionan con las contribuciones de la ciudadanía.
“No puede haber posibilidad de que quede como anécdota o como travesura de un grupo que juega a hacer política, esto no va a ocurrir, por supuesto que va a tener responsabilidades legales”, insistió.
En ese marco, aseveró que también está en curso la investigación a las agresiones que sufrieron empleados públicos, como un funcionario de Impuestos Nacionales.
Según Richter, esta persona sufrió “técnicas de sicariato” que se utilizan en países de la región, que ahora fueron adoptadas por la “radicalidad de la derecha”.
Jorge Tellería, abogado de la entidad tributaria, denunció secuestro y tortura durante cinco horas, el viernes, en el paro de 24 horas. Se presentó con el rostro golpeado, una hemorragia en el ojo derecho, quemaduras en sus brazos y heridas en las plantas de los pies.
