El vocero presidencial, Jorge Richter, cuestionó este miércoles el ‘financiamiento del armamento” que utilizan los movilizados en Santa Cruz para atacar a policías durante los enfrentamientos en esa capital.
“¿Quién financia a estos grupos? ¿Quién los está dotando de recursos para poder diseñar y producir la cantidad de armamento que se ha confiscado?”, cuestionó en una entrevista con Unitel.
Dijo que los movilizados, que reclaman desde hace una semana por la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, incurren en hechos de violencia en base a una planificación.
“Hay que preguntarse quiénes los están organizando, quién le está dotando los explosivos de alta peligrosidad (…), pero también quién les va señalando o fijando los objetivos de lo que se planifica a atacar”, agregó.
Condenó los hechos de violencia ocurridos entre ciudadanos y miembros de la Policía Boliviana, cuyas agresiones alcanzaron a vecinos ajenos a la movilización e incluso a periodistas de diferentes medios.
“Nadie justifica la violencia, sin embargo, hay que observar los niveles de violencia” de ambos lados, dijo.
Movilizados
La violencia volvió a Santa Cruz el 28 de diciembre, luego de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, principal acusado en el caso Golpe I.
Ese proceso fue abierto a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
El mismo día, luego de un gran operativo policial, ciudadanos simpatizantes de Camacho se movilizaron para que lo liberen. Cumplieron un paro cívico el 29 de diciembre y anunciaron el bloqueo de carreteras.
Pese a las fiestas de fin de año, los enfrentamientos no cesaron.
Desde entonces se produjeron hechos de violencia entre los movilizados y la Policía, que incluso tuvo que evitar la toma de su Comando Departamental en al menos dos ocasiones.
La intensa gasificación por partes de los efectivos incluso afectó a vecinos que nada tenían que ver en el problema.
Aunque los movilizados también generaron destrozos a propiedades privadas y públicas.
En medio de esos hechos, al menos cuatro vehículos resultaron quemados.
Además, varias viviendas terminaron con daños, como la rotura de vidrios y el robo de rejas, entre otros.
Existen al menos 30 personas arrestadas que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales; algunas ya cuentan con medidas cautelares.
Mientras, se anunció desde la Policía que también se investigará el uso excesivo de la fuerza por parte de sus miembros.
