El Gobierno amplió la denuncia contra el gobernador Luis Fernando Camacho por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas, en el marco del caso Golpe de Estado I, en el que ya fue imputado por terrorismo.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que se asumió esa acción legal luego que durante las investigaciones se detectaron movimientos bancarios irregulares por al menos Bs 4,5 millones durante la crisis de 2019.
“Ya se ha formulado la ampliación de la denuncia por otros delitos al señor Camacho, ya hemos presentado una formulación de ampliación a la denuncia por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas”, detalló la autoridad.
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Del Castillo afirmó que en el marco del caso Golpe de Estado I, también se investiga “grandes movimientos financieros” por parte de Camacho, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, que llegan a al menos Bs 4,5 millones.
De este monto, Bs 2,1 millones le fueron depositados a su cuenta en una entidad financiera y Bs 2,4 millones en transferencias a las cuentas de otras personas.
Según las investigaciones, esos recursos se depositaron en favor de distintas personas, entre ellas, exautoridades y exjefes militares, como el general Jorge Terceros Lara, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), quien guarda detención preventiva por este caso en el penal de Palmasola de Santa Cruz.
“Esta es solo una pequeña parte de la investigación que se lleva a cabo hace un año y 10 meses en el Ministerio Público”, agregó el ministro, aunque no dio detalles de la cantidad exacta que habría recibido el exjefe militar.
Según el artículo 127 del Código Penal, el sentenciado por seducción de tropas “será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar”.
En el caso Golpe de Estado I, Camacho es procesado por el delito de terrorismo, que se castiga con una pena de 15 a 20 años de cárcel.
En tanto, el delito de cohecho activo se sanciona con una pena de entre dos y cinco años de prisión, según los artículos 145 y 158 del Código Penal.
El caso fue denominado Golpe de Estado I y en ese marco se libró una orden de aprehensión contra Camacho, en octubre de 2022, que se ejecutó el 28 de diciembre de ese año.
Así, el gobernador de Santa Cruz fue capturado y trasladado a La Paz, para comparecer ante la Fiscalía, que lo imputó por el delito de terrorismo y, luego, un juzgado cautelar determinó su detención preventiva, por cuatro meses, en el penal de Chonchocoro.
El caso investiga la renuncia del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, quien tomó la decisión asfixiado por protestas cívicas lideradas por Camacho ante denuncias de un fraude electoral, a la par de un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Por esas movilizaciones y reuniones extralegislativas, llegó al poder la entonces senadora de oposición Jeanine Áñez, quien ahora está encarcelada en Miraflores, sentenciada a 10 años de prisión, en primera instancia, por el caso Golpe de Estado II, que estableció su proclamación irregular sin respetar el quórum de la Asamblea y el reglamento del Senado.
