La diputada del MAS por Santa Cruz Deisy Choque anunció que se solicitará, mediante el Ministerio de Educación, un informe a la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) para conocer bajo qué norma instó a los universitarios a movilizarse en contra de la aprehensión y detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho.
“Como jefa de bancada (del MAS en Santa Cruz), se ha hecho peticiones de informe a la universidad pidiendo que explique bajo qué normativa han sacado (10 resoluciones)»detalló este lunes a La Razón Radio.
«Con qué normativa van a sacar a nuestros hijos a movilizarse para que aprendan a ser violentos», acotó.
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Resoluciones
El pasado 4 de enero, al término de la asamblea universitaria ampliada, el vicerrector de la UGRM, Reinerio Vargas, leyó 10 resoluciones emanadas.
Entre ellas se destaca: apoyo incondicional a las determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad y del Comité Cívico (en apoyo a Camacho).
Esta medida con vigilias de los universitarios en instituciones públicas y bloqueo de carreteras.
Se estableció que se pasen clases en las instituciones públicas.
Se convocó a una marcha multitudinaria encabezada por las damas universitarias, mientras que los varones estarán de resguardo.
También se conformó una comisión de emergencia médica que dispone el uso del coliseo del campus como un hospital de atención “a todos los que son ultrajados en los enfrentamientos con la Policía”.
Respecto a este punto, Choque se preguntó: ¿bajo qué normativa se ha sacado a nuestros hijos a movilizarse?”.
Uso de universitarios
Choque recordó que en las universidades públicas estudian hijos de campesinos, de gremiales y de otros sectores humildes; por ello, cuestionó que se los quiera utilizar con fines políticos en favor de Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en Chonchocoro.
El Gobernador es investigado por su presunta participación en la crisis política y social de 2019.
Ese hecho, luego de 21 días de protestas, culminó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez como jefa de Estado.
“En las universidades públicas están hijos de hermanos y compañeros, no de empresarios y demás, porque estudian en universidades privadas. Quieren utilizan a nuestros hijos (dirigentes de la UGRM) para enfrentar a la Policía, quemar instituciones y se les instiga a delinquir”, afirmó.
Esta petición de informe será enviada al Ministerio de Educación y se solicitará un pronunciamiento a la brevedad.
Ello porque, al margen de los 36 días de paro en demanda de Censo en 2023, en los que no pasaron clases, desde el 28 de diciembre los universitarios nuevamente se vieron perjudicados.
Perjuicio
Choque lamentó que las clases, que debían culminar el pasado 4 de enero, ahora, por las protestas en favor de Camacho, nuevamente hayan sido prolongadas hasta el 31 de enero.
En su criterio, esta disposición muestra la intención de implementar “una dictadura cívica”.
Medida aplica para amenazar, agredir y chantajear a cualquier persona que no piense en favor del Gobernador.
