Las protestas de sectores radicales continuaron este miércoles en el sur andino de Perú con bloqueos de carreteras y velatorios masivos de los muertos que dejaron choques con las fuerzas de seguridad, mientras Estados Unidos pidió «moderación» a todas las partes.
Al mismo tiempo una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Lima para evaluar «la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales», que dejan al menos 40 muertes desde hace un mes y se extienden a otras zonas como la capital turística, Cusco.
En medio de la tensión social, la fiscalía abrió el martes una investigación por presunto delito de «genocidio» a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno para frenar las manifestaciones violentas, que solo entre lunes y martes dejaron 17 muertos civiles y un policía quemado dentro de su patrulla, informó la institución.
El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes.
Los féretros de color blanco y marrón fueron cargados por sus allegados. Cada uno lucía una fotografía y una bandera de Perú cubriéndolo por completo.
«Dina me asesinó con balas», se leía en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, llevado en hombros por seis familiares.
En la procesión se multiplicaban escenas de rabia y dolor de personas que empezaban a despedir a sus muertos y prometían seguir la lucha hasta conseguir la renuncia del que consideran ilegítimo gobierno de Boluarte.
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– Duelo y toque de queda –
Perú declaró duelo nacional este miércoles en honor a los muertos de la región Puno, donde el martes el gobierno decretó tres días de toque de queda nocturno en un intento por contener las protestas.
Los bloqueos de rutas se extendieron a ocho de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.
En Cusco, la turística capital del Imperio inca, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de pobladores, entre ellos campesinos, que procuraban tomar el aeropuerto de la ciudad luego de movilizarse para pedir la salida de la presidenta.
En Arequipa, segunda ciudad de Perú ubicada al sur del país, centenares marcharon también contra el gobierno.
En Tacna, en la frontera con Chile, se inició un paro indefinido que estuvo marcado por episodios de vandalismo como la quema de casetas de peaje vehicular y el intento de saqueo a un centro comercial.
La región Puno inició hace una semana un paro indefinido reclamando la renuncia de Boluarte, elecciones presidenciales y legislativas inmediatas y convocatoria a Asamblea Constituyente.
Los gobiernos regionales de Puno y Cusco exigen la dimisión de Boluarte como primer paso para solucionar la crisis.
– «Moderación» y DDHH –
Los comisionados de la CIDH fueron recibidos por Boluarte en el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo peruano.
«Vamos a verificar las situación de los derechos humanos. Lamentamos la pérdida de vidas en las protesta», dijo a la prensa Edgar Stuardo Ralón, quien preside la misión que permanecerá en Perú hasta el 13 de enero y se reunirá con autoridades, víctimas y familiares en Lima, Ica y Arequipa.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso. Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021.
Las protestas cumplen una semana luego de una tregua de fin de año. En su mayoría pacíficas, algunas han degenerado en actos violentos como tomar por asalto aeropuertos y ataques a locales públicos.
La policía y las fuerzas armadas han respondido también con violencia.
En ese contexto Estados Unidos pidió este miércoles «moderación» y que se reduzca «al mínimo» el uso de la fuerza frente a las manifestaciones.
