Bajo un límpido cielo azul y al pie de una fila de ataúdes, miles de pobladores y familiares de los últimos 17 muertos en las protestas contra la presidenta de Perú Dina Boluarte rodean y lloran a las víctimas de la represión en la ruda ciudad andina de Juliaca.
A más de 3.800 metros de altura, en uno de los tantos corazones andinos de Perú, este miércoles se hizo una pausa en las violentas protestas que desde hace una semana no dan tregua en la región de Puno, en el sur del país, para despedir a sus «mártires», como consideran a los muertos civiles del lunes.
«Es un dolor perder a un familiar por especialmente luchar por derechos. No es justo, esta señora (la presidenta Dina Boluarte) no tiene nombre, (quiero) decirle asesina porque nosotros defendemos nuestros derechos», dijo a la AFP Fidel Huancollo, de 48 años.
Huancollo perdió a su primo Héctor Quilla, de 38 años, uno de los 17 que recibió un disparo en los enfrentamientos con fuerzas del orden el lunes, en protestas y saqueos en Juliaca, a 1.300 km al sureste de Lima.
El lunes, en esta ciudad pobre, conocida como un punto de contrabando de toda índole, murió también un policía a quien habrían quemado vivo dentro de su patrulla, informó la institución.
Las manifestaciones en las regiones del sur andino dividen al país y ejercen presión cada día sobre la crítica situación institucional de Perú.
Tras retirar los cuerpos de la morgue, familiares vestidos de riguroso traje negro recorrieron las calles con los féretros en sus hombros, hasta llegar a la plaza de Armas de esta ciudad de unos 276.000 habitantes donde un sacerdote ofreció un responso por los caídos.
Los ataúdes de color blanco y marrón lucían flores amarillas, fotografías de cada una de las víctimas y la bandera de Perú cubriéndolos por completo.
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– «Dina me asesinó» –
«Dina me asesinó con balas», se lee en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, cargado por seis familiares.
«Exigimos justicia, murió por impacto de bala», dice uno de los carteles de los indignados pobladores.
Al mediodía, una multitud se agolpó en la plaza de Armas para escuchar una misa en memoria de las víctimas celebrada por el obispo católico de la iglesia Santa Catalina, rodeado de mujeres, viudas, hermanas, madres e hijas, que lloraban sentadas juntos a los ataúdes.
Vecinos, entre ellos ronderos, como llaman a los vigilantes de robos de ganado, se acercaron para manifestar su apoyo a los pobladores de Juliaca, varios con banderas negras en señal de luto y transmitiendo en sus redes sociales el funeral popular.
La bandera blanquirroja peruana fue sustituida por una de color albinegro.
«Juliaca está llorando, el día 9 de enero se va a declarar día de los mártires de democracia», dijo el alcalde de San Román en Juliaca, Oscar Cáceres, en la plaza.
«Dina Boluarte, escucha desde acá a tu pueblo. Dina Boluarte y tu gabinete de la muerte han matado a nuestra gente», manifestó Cáceres, quien ha pedido la renuncia de la presidenta para acabar con las protestas.
La fiscalía abrió el martes una investigación contra Boluarte por presunto delito de «genocidio», relacionado con las 40 víctimas mortales que ha dejado hasta ahora los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.
– «Mártires de la democracia» –
Los pobladores de Juliaca se movilizaron por las calles clamando a viva voz «íLa sangre derramada, jamás será olvidada! íDina asesina!».
«Pido justicia, que renuncie Dina Boluarte», dijo a la AFP Saúl Mamani, hermano de una de las víctimas.
Acompañados por una multitud y una banda de saxos interpretando canciones andinas, la procesión se acercó al aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, lugar donde murió la mayoría de la víctimas.
Dina «tiene que renunciar. Hasta el final vamos a luchar, si nos toca morir moriremos, pero vamos a luchar hasta el final», advirtió a la AFP Nancy Quispe.
El aeropuerto permanece resguardado por cientos de policías y miembros de ejército, donde aún hay cenizas de neumáticos quemados luego del intento de unos 2.000 manifestantes azuzados por grupos radicales para tomarlo por asalto el lunes.
Esta región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, reclama la renuncia de la sucesora del exmandatario Pedro Castillo, quien fue destituido hace un mes luego de intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva acusado de rebelión.
Los manifestantes también exigen elecciones presidenciales y legislativas inmediatas y una convocatoria a Asamblea Constituyente.
