Tras registrarse una serie de agresiones a trabajadores de la prensa, durante los conflictos por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, los ministerios de Gobierno y Justicia ratificaron que acompañarán la investigación de esos casos.
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que esa cartera de Estado se apersonará para dar seguimiento a todos esos procesos y que si no hay un caso abierto se lo “iniciará de oficio”.
“Vamos a apersonarnos como parte en estos procesos. Es parte esencial de la democracia la libertad de expresión y el derecho a ser informado (…), por eso este ministerio va a llevar adelante los casos que afecten a la libertad de expresión”, enfatizó Lima.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lamentó las agresiones en contra de personal de la prensa, en momentos de “extrema polarización”, en referencia a las movilizaciones que se registran en Santa Cruz, en demanda de la liberación de Camacho.
“Haremos todos los esfuerzos para precautelar la integridad de los periodistas y el desenvolvimiento normal de sus labores”, afirmó.
Asimismo, instó a la prensa a “tomar partida por la imparcialidad, la objetividad y la independencia política”.
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El miércoles, el Gobierno condenó la agresión que sufrieron trabajadores de la prensa, en Santa Cruz y La Paz, durante los conflictos tras aprehensión de Camacho, hoy recluido por el caso Golpe de Estado I.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lamentó los ataques que sufrieron tanto trabajadores de medios del Estado como privados.
En ese marco, instó a los afectados a realizar la denuncia correspondiente, pues además de la Fiscalía, ahora el Ministerio de Justicia se suma para realizar las investigaciones.
Desde la captura de Camacho se registraron protestas, enfrentamientos, quema y destrucción de oficinas públicas, sobre todo en la región cruceña.
Similares movilizaciones se realizaron en La Paz, el martes, donde se registraron enfrentamientos entre sectores que apoyan la liberación de Camacho y de quienes lo rechazan.
Durante esos hechos, varios periodistas recibieron insultos, amenazas, golpes, pedradas e incluso escupitajos. Una periodista de la Red Uno registró esa situación en imágenes y denunció en redes sociales que entre los agresores había funcionarios públicos.
Similares agresiones sufrieron periodistas de Unitel, Erbol y otros medios privados.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo censuró las agresiones y acciones violentas que sufrieron al menos siete trabajadores de la prensa, el martes, en la cobertura de las movilizaciones en La Paz.
Demandó al Estado investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables, pues esos hechos “atentan” contra la libertad de información.
