Perú decretó este sábado el estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno. Su gobierno autorizó a los militares a intervenir junto a la Policía para resguardar el orden público. Y es que las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, continúan y ya dejaron 42 muertos en cinco semanas.
La medida que rige desde el 15 de enero contempla que «la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas». Así lo señala el decreto del Poder Ejecutivo publicado por la gaceta oficial cerca de la medianoche del sábado.
Además, suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.
La decisión gubernamental se produce cuando se anuncian movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital peruana a partir del lunes. Y se lo hace en una acción que las autoridades califican de «asonada a Lima» en un intento de desestabilizar a Boluarte.
Perú inició el sábado con más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes. Mientras tanto, el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones, un día después de que la presidenta Dina Boluarte aseguró que no renunciará.
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En el sur
Las regiones del sur andino, de las más marginadas en Perú, están sumidas en una incesante convulsión social que ha dejado al menos 42 muertos desde inicios de diciembre.
«Hay sectores extremistas que buscan generar desorden y caos, con intereses subalternos (…)», afirmó la noche del viernes Boluarte, cuando crecía la presión política que reclama su dimisión.
Como vicepresidenta de Pedro Castillo, Boluarte asumió el 7 de diciembre luego que fue destituido por el Congreso por un fallido golpe de Estado.
El sábado los bloqueos afectaron 11 regiones de los Andes y la Amazonía, especialmente en el sur, cerca de las fronteras con Bolivia y Chile. Según estadísticas de la Superintendencia de Transporte Terrestre, nunca antes se habían presentado tantos cortes en la actual crisis.
Pero en Cusco, meca del turismo internacional, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad. Con la medida, el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis.
Los trenes a Machu Picchu, única vía para acceder a esta joya del turismo mundial, seguían suspendidos.
«Rechacemos la violencia»
Boluarte se dirigió al país el viernes tras la renuncia y reemplazo de los ministros del Interior, Trabajo y Mujer.
La presidenta instó al Congreso a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024 y pidió perdón por las muertes provocadas por la crisis.
«Pido perdón por esta situación y por lo que se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, pido que rechacemos la violencia».
Diversos colectivos, sobre todo de los Andes sureños, exigen la renuncia de Boluarte, a quien consideran responsable de la violencia.
Asimismo, piden el cierre del Congreso controlado por la derecha y la realización inmediata de elecciones.
Los pedidos de libertad de Castillo y la formación de una Asamblea Constituyente también hacen parte de la agenda. Castillo está en detención preventiva mientras se le procesa por supuesta rebelión.
Andes sin tregua
Las protestas se reactivaron la semana pasada después de una suerte de tregua de fin de año y se han concentrado en el sur andino. En el territorio habitan comunidades quechuas y aymaras que, coinciden analistas, han sido históricamente marginadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó esta semana una visita al país, consideró que para superar la crisis será necesario integrar a esas comunidades.
Algunos grupos de manifestantes de estas regiones amenazan con viajar a Lima para una «toma de la ciudad» que obligue a Boluarte a renunciar. Además, esta medida busca generar un marco que obligue a elecciones lo antes posible.
«Tenemos la decisión de ir a Lima (desde el lunes), sí o sí. No podemos indicar la hora, porque lo que queremos es viajar en unidad», dijo Julio Vilca, un dirigente de la provincia de Ilave, en la región Puno.
Amenaza de grupos radicales
Las autoridades insisten en que detrás de las protestas hay sectores ultrarradicales, incluidos remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Como prueba, han presentado la captura esta semana de una exintegrante de esa organización, Rocío Leandro, conocida dentro del grupo como «Camarada Cusi».
Según un portavoz de la Policía, el general Óscar Arriola, Leandro financiaba las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho. Definió a la senderista como «una asesina marxista, leninista, maoísta», financiaba las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho.
«Cusi» y siete personas capturadas junto a ella pretenden formar un nuevo grupo terrorista llamado Nueva Fracción Roja, dijo la policía.
Organizaciones de izquierda como el partido Perú Libre, por el que fueron elegidos en 2021 Castillo y Boluarte, rechazaron la versión de la policía. Pues consideran una estrategia para criminalizar la protesta.
Boluarte propuso adelantar las elecciones a abril de 2024, pero los manifestantes rechazan su oferta.
