Desde diciembre de 2022 hasta enero de este año, a través de ampliados departamentales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) determinó expulsar al menos a 12 legisladores denominados “renovadores”, afines al presidente Luis Arce.
Estas decisiones se asumen por parte de las direcciones departamentales de ese partido, que cuestionaron el accionar de esos asambleístas durante la aprobación de la Ley del Censo, cuya aprobación fue frenada en varias oportunidades por asambleístas del bloque “evista”, que responden al expresidente Evo Morales.
El 4 de diciembre de 2022, en Oruro, los diputados Miriam Martínez y Juan José Jáuregui fueron expulsados de las filas del partido oficialista.
El 16 de ese mismo mes, en Potosí, se asumió similar decisión con la senadora Ana Castillo Negrety, además de los diputados Israel Huaytary, Casilda Cuéllar y Abelardo Colque.
Lea más: Arce: La ley no era necesaria a nivel jurídico y evitar un golpe de Estado no es traición
A esto se suma la más reciente expulsión, en Cochabamba, el sábado 14 de enero, contra seis legisladores oficialistas.
Durante el ampliado del MAS se leyeron los siguientes nombres: Magaly Gómez Araníbar, Rosario García Onofre, Olivia Guachalla Yupanqui, José Luis Flores Colquillo, Damián Laime Parada y María Lizbeth Vargas Flores.
Los afectados expresaron su rechazo y anunciaron acciones, pues responsabilizan a “pequeños grupos” del MAS de continuar con intenciones de división al interior del partido.
“Nos ha costado sangre, luto, vidas construir el MAS y no vamos a permitir que unos cuatro llunkus y chupamedias quieran ahora cuestionar nuestro trabajo”, reclamó la diputada Guachalla.
Los afectados argumentaron que un ampliado no tiene la facultad de definir expulsiones y esas determinaciones tienen un conducto regular, en el marco del debido proceso.
La diputada Gómez señaló que se trata de una “resolución arbitraria” y anunció “una representación escrita” para dejarla sin efecto. “Existen derechos y garantías constitucionales” que se deben cumplir y respetar, enfatizó.
Entre noviembre y diciembre de 2022, se abrió una polémica sobre la aprobación o no de la ley que establece la distribución de recursos de coparticipación y la reasignación de escaños con base en los datos del Censo que se realizará el 23 de marzo de 2024.
El debate distanció aún más a legisladores “renovadores” de los “evitas”, en medio de la crisis que se vivió en Santa Cruz, durante el paro indefinido de 36 días.
La aprobación y sanción de la norma no cayó nada bien en la denominada ala “evista” del MAS, cuyos legisladores calificaron de traidores a sus colegas “renovadores” y los acusaron de haber pactado con la derecha.
