El lunes último, representantes de comités cívicos de las nueve ciudades capitales del país se reunieron en Santa Cruz y acordaron realizar sendos cabildos simultáneos el próximo 25 de enero, con la intención de tomar decisiones sobre “la ruptura del Estado de derecho”, en palabras del presidente del Comité pro Santa Cruz. El cabildo es reconocido en las leyes del país, pero con matices.
La Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 11 que el cabildo es una forma de ejercicio de la democracia, pero aclarando que “las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley”; a su vez, la Ley 26, del Régimen Electoral, en su capítulo tercero norma esta forma de democracia directa, señalando que no puede tener carácter vinculante, que las autoridades deben prestar atención a las determinaciones que se asuman, e instruye al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) hacer acompañamiento e informar sobre los resultados y la cantidad de asistentes.
De ahí que llama la atención que el cívico cruceño haya anunciado que no se convocará al Órgano Electoral, que sí participó en los dos cabildos de septiembre (además de otras seis reuniones anteriores, sin contar las realizadas por pueblos indígenas), pues para esa dirigencia no es confiable, como no son confiables en general las instituciones del Estado, al que quisieran destruir por completo, irónicamente, en nombre del “Estado de derecho”.
Es fácil imaginar que, de ocurrir, las reuniones masivas se realizarán con una agenda previamente pactada entre los dirigentes, que no se producirá deliberación alguna, pero sí aprobación por aclamación de las medidas que sean propuestas y que, luego, habrá movilizaciones y protestas en nombre de esa agenda. Lo que no es fácil de imaginar es la cantidad de personas que efectivamente asistirán de manera espontánea ni la adhesión que lograrán en lo posterior, las decisiones que se adopten.
Por lo pronto, representantes de Cochabamba, Chuquisaca y Oruro anunciaron que sus respectivos comités cívicos no participarán, excepto en Oruro, donde un comité cívico paralelo se prepara para movilizar gente en las calles. En los tres casos, el disenso se justifica en el hecho evidente de que se busca apenas transformar la situación jurídica del Gobernador de Santa Cruz, recluido en Chonchocoro mientras se investiga su participación en el golpe de 2019.
Se vienen tiempos de creciente conflictividad, con la consiguiente incertidumbre para el grueso de la población, que probablemente no entiende o no comparte los postulados de esas dirigencias que llenan sus discursos de palabras que nombran los valores democráticos mientras claramente los desdeñan en la práctica. Mientras tanto, las autoridades de Gobierno (que no son todo el Estado) parecen incapaces de encontrar salidas proactivas a los conflictos que se van produciendo y se limitan a reaccionar a cada estímulo, y no siempre del mejor modo posible.
