El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este jueves que, el martes 24 de enero, un juez de El Alto definirá si la expresidenta transitoria Jeanine Áñez va a juicio ordinario o de responsabilidades, por la masacre de Senkata.
“Hemos pedido al juez Primero de Instrucción Cautelar de El Alto que defina si es un juicio ordinario o un juicio de responsabilidades, donde tiene que llevarse este proceso judicial”, explicó Lima.
En ese marco, precisó que la audiencia se llevará a cabo el martes 24, donde se definirá el tipo de proceso que se seguirá en contra de la expresidenta transitoria (2019-2020), por la masacre de Senkata, en función a un “debido proceso”.
El ministro de Justicia hizo este anuncio luego que el Ministerio Publico determinó ampliar la investigación contra Áñez, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, en el caso Senkata.
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De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019, se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impactos de bala, luego de la masacre de Sacaba, cuatro días antes, en Cochabamba.
En ese marco, la parte denunciante busca agilizar el proceso para que se resuelva por la vía ordinaria, mientras que la defensa de la exmandataria solicitó que se active un juicio de responsabilidades, en su calidad de expresidenta del Estado, el cual debe ser aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.
“Sería un perjuicio para las supuestas víctimas de Senkata, porque un juicio (ordinario) no se desarrollaría y sería declarado nulo”, afirmó el abogado Luis Guillén.
Recordó que en este proceso ya existe una proposición acusatoria contra Áñez, que fue remitida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en agosto de 2021, a la Asamblea Legislativa, donde el trámite continúa.
Al respecto, Lima acusó a los líderes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, de haber bloqueado el juicio de responsabilidades para Áñez en el Legislativo.
Lima argumentó que por esa situación se tuvo que acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.
En 2022, Áñez pidió a CC y Creemos aprobar el juicio de responsabilidades para “exponer la verdad de los sucesos ante el país”, pero el tema no se logró debatir en el Legislativo.
“Ante la impostura y la actitud hipócrita de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de decirles a ustedes, a los medios que se iba a dar los dos tercios para una autorización congresal, cosa que no han hecho en todo este tiempo, y que han ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra opción”, insistió Lima.
“Esto ya ha quedado fuera del ámbito de la Asamblea Legislativa y ahora está en el ámbito de la justicia ordinaria y es ahí donde vamos a debatir este tema”, enfatizó el ministro.
Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus operativos en regiones como Senkata y Sacaba.
Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo masacres en Senkata y Sacaba.
De manera paralela, Áñez es procesada por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), durante su mandato en 2020.
Asimismo, está acusada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de 2022.
