El coordinador del Comité Impulsor de Juicio de Responsabilidades por los hechos de 2019, Aldo Michel, anunció que se pedirá incluir a 16 ministros de la entonces presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y a otros políticos opositores en el caso Senkata.
Explicó que esa decisión se asumió luego que la Fiscalía determinó ampliar la investigación contra la exmandataria, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, por este caso.
En ese marco, el Comité Impulsor apunta a procesar al gabinete de ministros de Áñez que avaló el Decreto Supremo 4078, para que las Fuerzas Armadas y la Policía puedan reprimir a la población en noviembre de 2019.
Michel agregó que también se debería procesar a otros políticos afines al gobierno transitorio: los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el excívico y actual gobernador Luis Fernando Camacho, además del empresario y político Samuel Doria Medina.
“Vamos a exigir al Ministerio Público que amplíe la responsabilidad a los 16 miembros del gabinete y también a los actores políticos del golpe de 2019”, afirmó Michel.
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Agregó que corresponde esa acción judicial, en el entendido que fue “una decisión acordada y negociada” con el Alto Mando Militar para ofrecerles “un manto de protección” durante la represión en Senkata, Sacaba, Huayllani, El Pedregal, Montero y en Los Rosales.
La pesquisa en contra de la exmandataria se amplió en el marco del proceso seguido de oficio en contra de Luis Fernando Valverde Ferrufino y otros, por los hechos registrados en a la zona de Senkata, durante el traslado de un convoy de combustible a La Paz en noviembre de 2019.
De acuerdo con la investigación preliminar, Valverde Ferrufino quien fungía como director interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ordenó que se desplace el convoy de combustible desde la planta de Senkata, en medio de una violenta represión en esa zona.
En ese marco, Michel detalló que el decreto fue firmado por Áñez además de los ministros Karen Longaric Rodríguez (Relaciones Exteriores), Jerjes Enrique Justiniano Atalá (Presidencia), Arturo Carlos Murillo Prijic (Gobierno), Luis Fernando López Julio (Defensa) y José Luis Parada Rivero (Economía).
Además, en el documento figura los nombres de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (Energía), Yerko Núñez Negrete (Obras Públicas), Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (Justicia), María Elva Pinckert de Paz (Medio Ambiente y Agua), Mauricio Samuel Ordoñez Castillo (Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga Vega (Comunicación).
Según el escrito para ampliar la investigación, la Policía y las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil, “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante”.
Asimismo, da cuenta de 10 muertos por impacto de bala, de los cuales “se identifica dos fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida” (sic).
Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial durante los hechos de represión.
Por esta situación, la exmandataria ahora fue acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo masacres en Senkata y Sacaba.
