El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, solicitó medida de prisión para Anderson Torres, exministro de Justicia y secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia durante la toma de las sedes del Congreso, el palacio presidencial y Tribunal Supremo Federal por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, alegando un delito de omisión del deber.
Rodrigues basa su petición en un informe de los servicios de inteligencia de la Policía Federal que apunta a un posible delito de omisión por parte de las autoridades locales pese a las «informaciones que alertaban de los próximos hechos» desde hacía días.
La petición incluye prisión para Torres y también para el comandante de la Polícia de Militar del Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, por su actitud ante los «amplios niveles de violencia que causaron graves daños a los bienes e instituciones públicas».
«Todo gracias a la omisión del sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal y en particular de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública del D.F. y del Mando de la Policía Militar del D.F., que no adoptaron las medidas necesarias para contener a los criminales», señala el documento suscrito por Rodrigues.
Un día antes del asalto bolsonarista la Policía Federal había informado al Ministerio de Justicia y a las autoridades del D.F. de la intención de los manifestantes de entrar en las sedes oficiales, según el documento revelado por el periódico ‘O Globo’.
El abogado defensor de Torres, Rodrigo Roca, ha criticado el «revanchismo» de las autoridades y ha planteado que la omisión «ni siquiera es algo que se pueda considerar en este caso en concreto».
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El texto de la Policía Federal resalta que «los registros de las imágenes muestran a la Policía Militar del Distrito Federal escoltando a los manifestantes en dirección a la cúpula de los tres Poderes». La última barrera que impedía el acceso a la plaza de los Tres Poderes estaba además formada por policías militares convencionales y no por antidisturbios civiles, por lo que fue «fácilmente» superada por los manifestantes.
El informe incluye además mensajes extraidos de grupos de apliacaciones de mensajería relacionados con la convocatoria. «Todo pagado: agua, café, almuerzo, comida, techo, baños. Estará todo en la acampada. Por favor, ayúdanos a conseguir patriotas», rezaba uno de los mensajes.
La orden de prisión del juez Alexandre de Moraes se basa en la petición policial y asegura que hay «una posible organización criminal que tiene como uno de sus fines desestabilizar las instituciones republicanas».
Por otra parte, la Policía ha detenido a un individuo en Boa Vista, Roraima, por un delito de incitación a la violencia contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El sospechoso publicó una nota sobre la visita de Lula a Roraima de este sábado que «sería la hora de colocar una bala en su cabeza». La Policía Federal pondrá a disposición de la Justicia al detenido, arrestado en la noche del viernes.
Lula visita Roraima este sábado para oferecer su apoyo a los indígenas yanomamis afetados por una crise sanitaria y casos de desnutrición. O Ministério da Saúde decretou estado de emergência. Cerca de 570 indígenas han muerto en los cuatro últimos años y por enfermedades tratables y contaminación por mercurio.
