Veinte años después de vivir una pesadilla, Brisa De Angulo Losada hoy podrá dormir tranquila. El pasado jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez. El tribunal consideró que el Estado se convirtió en un segundo agresor al cometer distintos actos revictimizantes y deben calificarse como un trato cruel, inhumano y degradante. Ahora el caso de Brisa podrá ser utilizado como ejemplo de lo que no debe ocurrir a ninguna persona que busca justicia.
Brisa, siendo una adolescente, fue violada y torturada repetidamente por un familiar adulto. Cuando buscó justicia y apoyo, el sistema judicial no solo le falló, sino que también violó sus derechos humanos internacionales, consolidando la cultura de la impunidad. Brisa creció y se convirtió en abogada para llevar adelante su propio caso, incluso estudió psicología para sanar y apoyar a otros niños sobrevivientes de violencia sexual. Hoy la fortaleza y perseverancia de Brisa pueden provocar un cambio sistémico en el tratamiento del Estado a víctimas de violencia sexual.
Muy pocos casos son vistos por la Corte, pues se trata del tribunal más alto de la región y sus decisiones son vinculantes para 25 países. En este caso concreto, la Corte ha concluido que Bolivia violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará y en la sentencia se pronuncia con claridad sobre el tema del consentimiento como el centro en los delitos de violencia sexual, la eliminación del estupro, establece las obligaciones de prevención del Estado y otorga una serie de medidas de reparación.
El 1 de agosto de 2002, el padre de Brisa presentó denuncia por violación sexual. El primer juicio oral, que culminó con una sentencia condenatoria por estupro agravado, fue anulado y se ordenó la reposición del juicio por otro tribunal. Tras el segundo juicio en 2005, el Tribunal de Sentencia No. 2 de Cochabamba determinó la absolución de E.G.A. En 2007 se anuló la referida sentencia y se dispuso la realización de un nuevo juicio por otro tribunal. Para entonces, el victimario ya se encontraba prófugo en Colombia, por lo que se ordenó mandamiento de aprehensión en su contra. En febrero de 2022, el acusado fue capturado con fines de extradición, sin embargo, en septiembre de ese año se decidió cancelar la orden de captura debido a “la prescripción de la acción penal a la luz de la normatividad colombiana”, y se ordenó su libertad. En el proceso, Brisa fue sometida a una serie de experiencias traumáticas como dos exámenes ginecológico forenses (el segundo no justificado) y obligada a relatar en distintas ocasiones los hechos, provocando la profundización del trauma. Por otro lado, la Corte consideró que la duración del proceso penal, sin que a la fecha exista una sentencia firme, configuró una violación del plazo razonable de la investigación y juzgamiento.
Esta sentencia contra el sistema judicial boliviano no solo juzga el hecho concreto perpetrado contra Brisa, sino, sobre todo, visibiliza la violación sistemática que miles de niñas sufren cada día en los estratos judiciales. Estamos atentas ahora a las acciones concretas que asuman el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa y todas las instancias que deben cumplir el mandato de reparación. La pesadilla de Brisa se convierte en horror colectivo al constatar que su caso se repite cada día frente a la indolencia de nuestro sistema de justicia.
Lourdes Montero es cientista social.
