La presidenta de Perú, Dina Boluarte, arremetió contra los manifestantes que exigen su renuncia y elecciones inmediatas. Apuntó que los que salen a las calles a protestar son “radicales que tienen como agenda política y económica el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”.
“No es una protesta pacífica, eso es una acción violenta, generada por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando; por eso geográficamente se ha ubicado estas protestas en Puno y Apurímac”, señaló Boluarte.
Enfocó su discurso en estos dos sitios peruanos como puntos de zozobra para incurrir en delitos libremente. “En Puno, porque ahí tenemos la minería ilegal y el contrabando; y en Apurímac porque está cerca de donde sale el tráfico de cocaína, por eso son dos lugares estratégicamente para ellos, y están generando el caos y la zozobra”.
En ese sentido, aseguró que desde el gobierno respetan el derecho a las protestas enmarcado en el amparo constitucional, pero no las protestas acompañadas de violencia.
“El derecho a la protesta no puede venir acompañada de la violencia, el destrozo, la muerte, y el caos que se está generando al interior del país y me refiero a la región de Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, pero sobre todo a Puno, allá donde se ha tomado prácticamente toda la región por este grupo de personas violentas y radicales”.
En esa línea, indicó que desde diciembre a la fecha los paros y destrozos han generado una pérdida económica aproximada de 2.000 millones de soles en producción y 3.000 millones de soles en daños a la infraestructura.
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“Es decir el incendio a las comisarias, incendio y destrozo a las oficinas del Ministerio Público, el incendio y el destrozo a las oficinas del poder judicial, las tomas de aeropuertos dejándolos inoperativos y frustrando el viaje de miles de peruanas y extranjeros que quieren conocer el país”.
Acotó que el trabajo de su gobierno y la Policía es salvaguardar la vida y tranquilidad de sus compatriotas y la propiedad privada del Estado. También reiteró su invitación a la Comisión de Derechos Humanos para que verifiquen los fallecimientos ocurridos en medio de las protestas.
Las protestas en Perú pidiendo la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso se han cobrado 46 vidas (45 civiles y un policía) desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso, controlado por la derecha, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
El gobierno peruano amplió el domingo el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, habilitando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público.
