El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.
Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.
“Es lo que se está pidiendo en este cabildo. Han creado una categoría de 183 perseguidos políticos y están pidiendo que se decrete una amnistía; se preguntarán ¿quiénes son esas 183 personas? Entre ellas están los militares, policías y exministros acusados por las masacres de Sacaba y Senkata”, afirmó Lima.
En ese marco, el ministro de Justicia insistió que el “cabildo nacional” convocado para este miércoles busca “amnistiar a personas que han cometido graves violaciones de los derechos humanos”, sobre quienes pesa imputaciones y otros ya tienen detenciones preventivas.
“Pero este cabildo y otras movilizaciones, buscan dejar sin efecto los procesos mediante una amnistía”, reiteró Lima.
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La pasada semana, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se reunió con cívicos de otras regiones y representantes de plataformas ciudadanas; en ese marco, convocó a los comités de los nueve departamentos, además de El Alto, a sumarse al “cabildo nacional”.
El objetivo central del encuentro —que según Calvo se realiza de forma simultánea en todo el país— es demandar que el gobernador Luis Fernando Camacho se defienda en libertad luego que fue encarcelado en Chonchocoro, a fines de 2022.
La autoridad cruceña fue aprehendida el 28 de diciembre del año pasado por el caso Golpe de Estado I. En ese marco, la Fiscalía lo imputó por el delito de terrorismo y un juez cautelar determinó su detención preventiva, por cuatro meses.
Ante ese escenario, el movimiento cívico cruceño promovió el cabildo nacional, empero, cívicos y plataformas de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca anunciaron que no participarán de la convocatoria.
El martes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, que detectaron “graves vulneraciones” cometidas principalmente por las fuerzas del orden durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
Tras esa administración, a la que el oficialismo calificó como “golpe de Estado”, se activaron una serie de procesos en contra exautoridades y líderes políticos opositores al actual gobierno de Luis Arce.
En ese marco, se iniciaron procesos a exjefes militares y policiales, además de exministros y autoridades como la expresidenta Áñez. La aprehensión más reciente fue la del gobernador Camacho, implicado en el caso Golpe de Estado I.
Ante este escenario, el movimiento cívico cruceño promovió este cabildo “en defensa de la democracia, justicia y liberación” de quienes ellos consideran “presos políticos”.
No obstante, Lima minimizó las demandas que vayan a emanar del encuentro, que además irían en contra de las disposiciones establecidas por organismos internacionales.
Respecto a la legalidad del cabildo anunciado, el ministro de Justicia indicó que al tener un carácter “nacional”, debió solicitar el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), situación que ocurrió.
