El comisionado para Bolivia de la CIDH, Joel Hernández, afirmó que ve avances en la reparación de las víctimas de la represión en 2019. Esto es natural, dijo, porque es lo que primero se atiende en estos casos; otros hechos precisan de más tiempo.
“Aquí, el avance que ha habido es la elaboración de una política de reparación integral. El Estado ha estado también con la Asamblea Legislativa en la elaboración de una Ley de Reparación de Víctimas, y en tercer lugar, se ha estado trabajando un registro o censo de víctimas”, destacó ayer a LA RAZÓN, al finalizar su visita al país, el representante para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Coincide el comisionado de la CIDH con el ministro de Justicia, Iván Lima, que anteayer dijo que “la ayuda humanitaria ya se ha terminado de implementar: los pagos, la salud, educación, el fideicomiso de 8 millones de bolivianos; hay parte de la ayuda que tiene que continuar, pero que se ha ido otorgando este tiempo”, dijo.
Lo mismo que David Inca, activista en Derechos Humanos de El Alto, que ayer participó en las reuniones con los comisionados de la CIDH; la presidenta de las víctimas de Senkata de 2019, Gloria Quisbert. Sin embargo, lamentó que hasta la fecha no se haya concluido con la aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Reparación.
“No hay la presentación de un proyecto de ley o una reparación que haya salido del Presidente, que se haya mostrado ante el Informe del GIEI”; entonces, adelantó Quisbert, en el informe que los comisionados entregarán en abril “van a especificar que (el Gobierno) muestre, con fechas determinadas, en qué momento se va a reparar a las víctimas”.
El comisionado de la CIDH reconoció los apoyos humanitarios que han recibido las víctimas, destacando que se atendió a todos los afectados.
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APOYOS.
“Lo que es muy importante para la Comisión es poder constatar que han sido atendidas todas las víctimas de estos sucesos; no solamente las personas que fueron heridas o las familias de fallecidos, sino también víctimas de otros delitos, como tortura o detenciones arbitrarias”, especificó Hernández a este medio.
Precisó que el ideal de la atención a las víctimas es el desagravio integral. “Muy importante es que en este universo de víctimas, se les dé a todos lo que en derecho internacional es la reparación integral”.
Una de las instituciones nacionales en que más se concentra el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es el Ministerio Público o Fiscalía. En el Informe GIEI hay todo un capítulo (el VI) de “planes de investigación” aconsejados a los fiscales, y entre las 36 recomendaciones, hay al menos nueve específicas para la Fiscalía.
“Es muy importante que la Fiscalía continúe haciendo su trabajo; hay recomendaciones muy específicas en el Informe, que incluye la formación de fiscales en materia de derechos humanos, hay una priorización de casos; recibimos información que tenemos que analizar qué es lo que falta en esa materia”.
