El asambleísta departamental de Santa Cruz Dilfe Rentería, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció un caso de presunta corrupción, relativa a pagos irregulares y venta de ítems a funcionarios en la Gobernación de Santa Cruz.
En entrevista con La Razón Radio, apuntó a su colega Shirley Hurtado, asambleísta de Creemos, por cobrar montos irregulares a funcionarios, a cambio de mantener sus puestos de trabajo.
Explicó que el caso consiste en la contratación de personal a cambio de un determinado pago mensual de dinero.
Develó que, presuntamente, su colega cobró a una de sus víctimas Bs 3.000 los dos primeros meses y luego pidió Bs 700. La mujer denunció que la autoridad le cobró en total más de Bs 10.000 a través pagos bajo código QR y trasferencias bancarias.
Ella trabajaba en la Dirección de Industrias y Comercio en el Parque Industrial (PADI) durante ocho meses en 2023. Fue retirada en enero y, posteriormente, presentó una denuncia ante la Gobernación el 5 de febrero, pero hasta la fecha no recibió respuesta.
Por ello, Rentería anunció que su bancada solicitará un informe a la Gobernación sobre el presunto caso de corrupción para que la investigación pase al Ministerio Público y la Policía. Instó a otras víctimas de Hurtado a presentas denuncias. “Quienes han sido víctimas, apersónense para presentar la denuncia”.
A su vez, denunció que, durante la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, ahora recluido en Chonchocoro (La Paz), se hallaron a más de 1.000 funcionarios trabajando en la Gobernación.
Contó que, en 2022, había 400 funcionarios en la institución cruceña; en 2023, 600, y en 2024, 1000. “La secretaria tenía su secretaria”, dijo.
Corroboró la denuncia del secretario de Hacienda, Miguel Sorich, quien indicó que la crisis financiera se debe a sobrecontratación injustificada de personal, falta de planificación y reducción de ingresos.
Sin embargo, destacó que el gobernador en ejercicio Mario Aguilera cortó los contratos y dijo que “muchos de ellos probablemente estaban siendo víctimas del caso”. Recordó a los trabajadores de las instituciones cruceñas que no deben pagar por sus ítems.
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