«Consternada» por la violencia en Perú, la OEA llamó este lunes al gobierno a celebrar «pronto» elecciones bajo observación internacional y expresó su preocupación por el presunto «uso excesivo de la fuerza» en las protestas que piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte.
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo del organismo, los países miembros adoptaron una declaración sobre los hechos recientes en el país andino consensuada con Perú. Sólo se abstuvo El Salvador «por estar todavía en consultas con la capital».
La Organización de los Estados Americanos (OEA) hace un «firme llamado a las autoridades peruanas para que aseguren la gobernabilidad e institucionalidad democrática mediante la pronta realización de elecciones generales justas, libres y transparentes, con observación electoral internacional», se lee en la versión definitiva del texto.
Estados Unidos, a través de su embajador Francisco Mora, subrayó que «el momento de las elecciones en Perú es una cuestión que deben decidir los líderes e instituciones del país» y pidió a la comunidad internacional que apoye al gobierno de Boluarte.
– «Consternación» –
Entre tanto, en Lima el Congreso debatía un adelanto de los comicios, bajo presión de Boluarte que amenaza con reformas constitucionales para convocarlos si la Cámara no se pone de acuerdo.
Las protestas dejan al menos 47 civiles fallecidos en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, un policía quemado vivo y 10 civiles muertos en hechos vinculados a los bloqueos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Una violencia que provoca «consternación» en la OEA, que insta a respetar «los derechos de reunión y de protesta» y a reanudar el diálogo.
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También le preocupan «las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza» y «las violaciones de los espacios académicos», en referencia a la universidad de San Marcos, donde la policía irrumpió el fin de semana para desalojar a cientos de personas alojadas en su interior para participar en manifestaciones.
La OEA llama a Perú a responder con «proporcionalidad» y a adoptar «medidas efectivas para la rendición de cuentas».
Luis Ernesto Vargas, el embajador de Colombia, país que convocó la sesión extraordinaria, estimó que la intervención de la fuerza pública en la universidad de San Marcos «es un agravamiento (…) reminiscente de épocas aciagas en el continente».
Varios países reiteraron que respetan el principio de no injerencia, pero se niegan a permanecer de brazos cruzados.
«No podemos quedar indiferentes ante la violación de los derechos humanos y sobre todo la violación al derecho a la vida», afirmó el embajador boliviano ante la OEA, Héctor Enrique Arce.
Bolivia junto con Argentina, Brasil, Colombia y Chile critican la reacción de las autoridades durante las protestas. Esto ha generado roces con Lima, que lo considera injerencia.
– «Subvertir el orden» –
La representante mexicana, Luz Elena Baños, consideró que «la interrupción de la fluidez del diálogo con otros países, aún en situaciones complejas, no es el camino recomendable para avanzar».
Durante la sesión intervino por segunda vez este mes un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón.
«El Estado tiene el deber de actuar siempre» bajo el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza pública y la obligación de realizar «investigaciones serias, imparciales efectivas» con un enfoque «étnico-racial», afirmó Ralón, que llama a atender «las causas estructurales» que agudizan la crisis.
En nombre del gobierno de Boluarte tomó la palabra el director general para Asuntos Multilaterales y Globales del ministerio de Relaciones Exteriores peruano, Paul Fernando Duclos.
Recordó que la situación actual se debe al intento de golpe de Estado del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien quiso disolver el Parlamento, gobernar por decretos y convocar una Asamblea Constituyente.
Castillo recibe «un trato adecuado» conforme al ordenamiento jurídico, afirma Duclos, e insistió en que «el gobierno ha diferenciado en todo momento la protesta pacífica y legítima de sectores marginados históricamente (…) de aquellas acciones violentas y vandálicas que cuentan con la intención de subvertir el orden constitucional».
