Ante el escenario adverso por el continuo riesgo de interrupción del proceso de preselección de candidatos rumbo a elecciones judiciales, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la latente paralización del proceso a efecto de un amparo constitucional.
“La institución defensorial agotará toda oportunidad de convocar a las instancias correspondientes a garantizar a los ciudadanos el derecho a la elección democrática de sus autoridades judiciales”, señala la Defensoría, a través de un pronunciamiento.
Dos amparos constitucionales ante la Justicia amenazan con frenar de nuevo el proceso de la preselección en la Asamblea Legislativa.
Ayer se conoció que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar la preselección de postulantes tras un amparo constitucional interpuesto por la inhabilitada Margarita Medrano.
También se conoció otro recurso interpuesto por el inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
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La Defensoría señaló que realizó diferentes acciones en el acompañamiento al proceso de preselección, desde “exhortar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Órganos del Estado a garantizar los derechos de los bolivianos de elegir a sus autoridades”, además de “acompañar la sesión en la Cámara de Diputados donde se consideró la aprobación de la ley de convocatoria para las judiciales”.
“Tras la promulgación de la Ley 1549, la Defensoría del Pueblo llamó a los actores políticos a cumplir con sus acuerdos y viabilizar el cumplimiento de la norma y, mediante comunicado, se alentó a las mujeres a participar del proceso de elecciones judiciales, para impulsar la equidad de género dentro el sistema de justicia boliviano”.
Además, señaló que el anuncio de la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, prevista para el mes de mayo, debe ser una oportunidad para que se pueda allanar y dar continuidad al proceso de preselección a los cargos del Órgano Judicial.
